Nos acercamos a una fecha clave en el calendario político de Estados Unidos: las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, que decidirán qué partido controla la Cámara de Representantes y el Senado durante lo que resta de la Presidencia de Donald Trump. Aunque un cambio de mayoría puede condicionar significativamente la acción de la Casa Blanca, su efecto más duradero será la nueva relación entre la Presidencia y los poderes encargados de supervisarla. De ese equilibrio dependerá buena parte de la fortaleza institucional de Estados Unidos en los próximos años.
Los márgenes son estrechos: los republicanos cuentan con 218 escaños frente a 214 de los demócratas en la Cámara de Representantes y con 53 frente a 47 en el Senado. Para controlar ambas cámaras, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños en la Cámara y de cuatro en el Senado. Si se produjera ese vuelco, Estados Unidos entraría en una etapa de Gobierno dividido, con negociaciones mucho más complejas sobre el presupuesto, el techo de la deuda y grandes leyes, y con la posibilidad de que el Congreso inicie un nuevo proceso de impeachment contra Trump. La destitución requeriría el apoyo de dos tercios del Senado, lo que la hace improbable, pero el propio proceso tendría consecuencias políticas relevantes. En cualquier caso, incluso ante un Legislativo adverso, el presidente conservaría capacidad notable para dirigir la política exterior y las agencias federales.
Por lo tanto, lo que se vota en estas midterms va más allá de aprobar o rechazar iniciativas concretas de la Casa Blanca: se somete a escrutinio una forma determinada de entender la Presidencia estadounidense, su autonomía y su esencia. Ese debate se articula, al menos, en dos dimensiones principales.
La primera dimensión se refiere a la capacidad del presidente para actuar y decidir sobre asuntos fundamentales sin refrendo legislativo. Desde enero de 2025, Trump ha firmado 292 órdenes ejecutivas, una cifra que supera en menos de dos años las 220 de su primer mandato y también el total de otros períodos presidenciales comparables, como los 276 de los ocho años de Obama o los 291 de George W. Bush. Ese recurso intensivo a decretos, proclamaciones e instrucciones administrativas ha servido para impulsar su agenda en materias como aranceles, regulación universitaria, régimen de visados y política migratoria.
Los tribunales han intervenido en diversas ocasiones para acotar estas competencias presidenciales. Un ejemplo destacado fue la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el uso de poderes de emergencia económica para imponer aranceles generales. Otros tribunales federales han examinado restricciones dirigidas a estudiantes extranjeros de Harvard y tasas aplicadas a determinadas solicitudes de visados H-1B. Son asuntos distintos, pero todos plantean la misma cuestión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el presidente cuando actúa sobre materias que la Constitución atribuye al Congreso o que este le ha delegado?
La segunda dimensión conecta estas elecciones con el debate sobre los intereses económicos de la familia presidencial. Esa cuestión ocupa un lugar central en la campaña: numerosos candidatos demócratas, entre ellos el senador Ossoff, han señalado negocios vinculados a criptoactivos y acuerdos con gobiernos o empresas extranjeras que aparentemente benefician a familiares del presidente. Las declaraciones financieras de Trump registran, por ejemplo, más de 21.000 operaciones bursátiles durante 2025, un volumen superior al observado en sus predecesores. La Casa Blanca y las empresas implicadas niegan irregularidades y sostienen que sus actividades se ajustan a la ley; corresponderá a las instituciones investigar y aclarar los hechos con transparencia. Sea como fuere, este debate condiciona el voto y delimita el margen de maniobra percibido de la presidencia y de su entorno familiar en la gestión de negocios privados.
Las elecciones del 3 de noviembre, por tanto, tienen un carácter cuasi-constituyente: pueden marcar un antes y un después no solo en el mandato de Donald Trump, sino también en la comprensión de la Presidencia estadounidense, los límites de su poder y las normas de ética y transparencia que rigen a quienes la ocupan.
* Manuel Muñiz es rector de IE University en Madrid.
