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Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.
La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.
Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.
Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
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Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.
La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.
Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.
Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
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La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.
Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.
Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
