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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes la adopción de los presupuestos para 2026 sin el voto del Parlamento, recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución. La decisión llega tras meses de negociaciones infructuosas en la Asamblea Nacional, que permanece dividida en tres bloques —izquierda, centroderecha y ultraderecha— desde el adelanto electoral de 2024, sumiendo a la segunda economía de la Unión Europea (UE) en una crisis política persistente.
Lecornu, quien asumió el cargo en septiembre, había prometido a la oposición socialista someter los presupuestos a votación parlamentaria, en un intento por evitar el destino de sus dos predecesores, que cayeron en el hemiciclo. El compromiso inicial permitió aprobar la financiación de la Seguridad Social, a cambio de suspender hasta 2028 la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. No obstante, las negociaciones sobre el funcionamiento general del Estado fracasaron, lo que llevó al gobierno a cerrar la puerta a más debates y activar el mecanismo que permite aprobar las cuentas sin el respaldo parlamentario.
El procedimiento del artículo 49.3, empleado por el Ejecutivo desde 2022, expone a Lecornu a una moción de censura que podría no sólo derrocar al gobierno, sino también tumbar el proyecto presupuestario. Tanto el partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) como el ultraderechista Agrupación Nacional (AN) ya han anunciado la presentación de mociones. Para alejar ese riesgo, el gobierno ha intensificado el anuncio de medidas sociales dirigidas a la oposición socialista, cuyos 66 diputados son determinantes para la eventual estabilidad del Ejecutivo.
Entre las concesiones clave figuran el mantenimiento del alza del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas —introducido en 2025 y ahora prorrogado hasta 2026— con una recaudación estimada de 8.000 millones de euros provenientes de las 300 mayores compañías del país. A cambio, se congelan los impuestos para particulares y para “el 99,9% de las empresas”, lo que situará la presión fiscal en el 43,9% del PIB, el nivel más bajo desde 2019, según detalló Lecornu en declaraciones recogidas por Le Parisien.
El Ejecutivo también ha prometido la congelación del impuesto sobre la renta, la reforma de las ayudas sociales, el mantenimiento del subsidio de desempleo, la mejora de las becas estudiantiles y la destinación de 400 millones de euros a la construcción de viviendas asequibles. Además, se ampliarán las comidas subvencionadas para estudiantes y aumentará la prestación mensual complementaria para trabajadores con bajos ingresos en unos 50 euros al mes para tres millones de hogares, según informó una fuente gubernamental a la prensa local.
Estas medidas, según Boris Vallaud, jefe de los diputados socialistas, “permiten considerar una no censura”, mientras que otros portavoces socialistas confirmaron que su grupo probablemente no apoye la moción contra el gobierno, de acuerdo con declaraciones recogidas por Le Parisien.
En contraste, la derecha moderada, representada por Bruno Retailleau, ha criticado el presupuesto en la red social X, acusando al Ejecutivo de adoptar políticas que incrementan el gasto y los impuestos, lo que, en su opinión, “desanima a los que producen”. Pese a ello, Retailleau descartó explícitamente votar a favor de la censura, mostrando el rechazo de su sector a provocar nuevas elecciones parlamentarias en un contexto en el que la extrema derecha lidera las encuestas.
Por su parte, Lecornu admitió ante la prensa que “esto lo hago con pesar porque soy consciente de que me veo obligado a faltar a mi palabra”, y describió la situación como “un éxito parcial, un fracaso parcial”. El jefe de gobierno insistió en que asegurar un déficit público del 5% del PIB es esencial para la “credibilidad” de Francia ante Bruselas y para avanzar en el objetivo de reducirlo por debajo del 3% en 2029, tal como se ha comprometido ante la UE.
Las reacciones de la oposición han sido inmediatas. Mathilde Panot, presidenta de LFI en la Asamblea Nacional, anunció la presentación de una nueva moción de censura argumentando que Lecornu “utiliza el artículo 49.3 para imponer su desastroso presupuesto”. El precedente inmediato es la moción rechazada contra el Ejecutivo por su postura en el acuerdo de libre comercio con Mercosur.
Si el gobierno supera las mociones de censura anunciadas y logra mantener el bloque socialista al margen de la votación, Francia podrá contar con un presupuesto aprobado para mediados de febrero.
(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)
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