La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros 18 imputados en una causa que investiga supuestas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, incluyendo hipótesis de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y pago de sobornos.
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo este martes un avance judicial importante: la Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y mantuvo las medidas adoptadas contra otros 18 imputados.
La resolución, firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, preserva abierta la instrucción sobre un presunto esquema de corrupción vinculado a contrataciones para la compra de medicamentos e insumos. Entre los hechos que se investigan figuran la posible adjudicación dirigida de contratos, la existencia de sobreprecios y el presunto pago de coimas para favorecer a determinados proveedores.
El procesamiento es una resolución dentro de la etapa de instrucción y no equivale a una condena ni a una determinación definitiva de responsabilidad penal. La causa seguirá recabando pruebas para sostener o desvirtuar las acusaciones en instancias posteriores.
Qué resolvió la Cámara Federal
Los magistrados confirmaron la situación procesal de Spagnuolo y de 18 personas más, a quienes la investigación asocia a un presunto esquema delictivo que incluiría a funcionarios y particulares.
Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría tenido un rol central en la estructura señalada. La acusación describe un mecanismo por el cual ciertas contrataciones de la ANDIS habrían sido direccionadas hacia proveedores específicos y abonadas a valores superiores a los de mercado.
La Cámara consideró que, en el periodo bajo investigación, se habrían concretado adjudicaciones direccionadas con sobreprecios destinadas a generar beneficios indebidos, y que Spagnuolo habría participado de las maniobras imputadas en el organismo que presidía.
Entre los alcanzados por la decisión judicial figuran exfuncionarios y empresarios que ya habían sido procesados en febrero por el juez federal Sebastián Casanello.
Una causa que comenzó con audios
La causa cobró visibilidad pública tras la difusión, en agosto de 2025, de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo.
En esas grabaciones se mencionaría un supuesto sistema de cobros vinculado a contrataciones de medicamentos y proveedores de la ANDIS. El material fue incorporado al expediente y desde entonces la Justicia trabaja en determinar su origen, autenticidad y valor probatorio.
La defensa de Spagnuolo objetó desde el principio el uso de las grabaciones y cuestionó la forma en que fueron obtenidas.
En las últimas semanas se ordenó una pericia sobre los archivos para comprobar si existieron modificaciones o ediciones y para identificar a las personas que intervienen en las conversaciones.
La pericia de los audios continúa
El análisis técnico está a cargo de peritos de la Gendarmería Nacional, que examinan 58 archivos de audio guardados en un dispositivo entregado por el periodista Mauro Federico.
La pericia, iniciada a fines de agosto, aún no ha abarcado la totalidad de las grabaciones. Un informe preliminar informó la presencia de cortes y ediciones en al menos uno de los archivos revisados, pero eso no permite por sí solo determinar el origen o la veracidad de todas las grabaciones.
También se identificaron voces distintas a la atribuida a Spagnuolo en fragmentos de algunas grabaciones. Hasta ahora sólo una parte de los 58 archivos fue analizada, por lo que la pericia continúa en desarrollo.
La defensa intentó frenar la pericia, pero el juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, rechazó ese pedido y ordenó que el estudio prosiga.
El planteo sobre la legalidad de las grabaciones
Uno de los aspectos debatidos en la causa fue la legitimidad del origen de los audios.
La Cámara Federal desestimó un planteo de defensa que buscaba anular la investigación alegando irregularidades en la obtención de las grabaciones.
Con esa decisión, el tribunal autorizó la continuidad del expediente mientras se profundiza la pericia técnica destinada a establecer la autenticidad y las circunstancias en las que se produjeron los archivos.
La cuestión cobró relevancia porque las grabaciones fueron uno de los elementos que impulsaron la investigación pública sobre el funcionamiento de la ANDIS.
Las compras de medicamentos, bajo investigación
El aspecto económico de la causa se centra en las contrataciones realizadas por la ANDIS para adquirir medicamentos de alto costo y otros insumos.
La hipótesis judicial sostiene que ciertos proveedores habrían sido favorecidos mediante mecanismos que les permitieron acceder a contratos en condiciones ventajosas, y que los precios pagados por el Estado habrían incluido sobrecostos.
Una estimación incorporada al expediente calculó un perjuicio económico superior a $30.337 millones en las operaciones investigadas, aunque ese monto forma parte de la hipótesis y deberá acreditarse con pruebas durante la instrucción.
En febrero, al dictar los primeros procesamientos, el juez Casanello consideró que la causa permitía reconstruir un entramado de corrupción dentro de la agencia, con participación de funcionarios y operadores externos. En esa oportunidad, Spagnuolo quedó procesado por delitos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada.
Una causa que ahora quedó en manos de Lijo
Tras las modificaciones en el expediente, la investigación quedó bajo la intervención del juez Ariel Lijo, quien actúa como subrogante del Juzgado Federal N° 11.
La instrucción deberá avanzar sobre elementos pendientes: la pericia completa de los audios, el análisis de las contrataciones cuestionadas, la revisión de la documentación administrativa y financiera y la determinación de eventuales responsabilidades individuales.
La Justicia tendrá que establecer si las pruebas reunidas permiten sostener las imputaciones en etapas posteriores o si corresponde reformularlas a medida que avance la investigación.
El contexto político y administrativo
La resolución judicial se conoció un día después de la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la ANDIS, en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre la gestión del organismo.
Además, una auditoría difundida recientemente detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la agencia. Ese hallazgo fue incorporado al marco general de las investigaciones sobre la administración, aunque constituye un asunto diferenciado de las maniobras específicas que investiga la causa penal.
Los resultados de las auditorías administrativas y el expediente judicial pueden aportar información complementaria, pero no reemplazan la necesidad de prueba penal para determinar responsabilidades.
Qué viene ahora
Con la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal, la investigación seguirá su curso con los imputados en esa situación procesal mientras el juez avanza en las medidas de prueba pendientes.
Entre los próximos hitos están la conclusión de la pericia sobre los audios —clave por las objeciones de las defensas sobre su autenticidad y posible edición— y el examen detallado de las contrataciones, los precios pactados, los vínculos entre funcionarios y proveedores y la existencia de un mecanismo coordinado para direccionar negocios dentro de la agencia.
Por ahora, la decisión de la Cámara constituye un nuevo avance procesal, pero el caso aún no llegó a juicio. La responsabilidad definitiva de los acusados dependerá de las pruebas que se incorporen y acrediten a lo largo del proceso.
