El indicador de riesgo país calculado por JP Morgan subió desde 402 puntos básicos en julio hasta 831 en noviembre. Este aumento refleja un empeoramiento de la percepción del mercado, en un contexto marcado por la caída de bonos y acciones y por dudas sobre la sostenibilidad financiera del país.
El riesgo país argentino volvió a encender las alarmas del mercado. El índice de JP Morgan alcanzó 831 puntos básicos el martes 3 de noviembre, frente al mínimo de 402 puntos registrado el 10 de julio. En menos de cuatro meses, el indicador más que duplicó su valor, señalando una mayor desconfianza de los inversores respecto a la situación económica y financiera.
Este deterioro ocurre mientras la economía muestra dificultades para reactivarse, existe tensión política en el oficialismo y surgen dudas sobre cómo el Gobierno de Javier Milei hará frente a los vencimientos de deuda en los próximos meses.
El incremento del riesgo coincide con fuertes retrocesos en los títulos públicos y en las acciones argentinas, tanto en la Bolsa local como en Wall Street. Esos movimientos ponen de manifiesto las limitaciones del programa económico para volver a acceder al financiamiento internacional, una de las prioridades del ministro de Economía, Luis Caputo.
De 402 a 831 puntos: el deterioro en apenas cuatro meses
Lo que más preocupa a los analistas es la rapidez de la suba. El 10 de julio el riesgo país estaba en 402 puntos básicos, uno de los niveles más bajos desde la llegada de Milei al poder. Desde entonces, la tendencia se revirtió y el indicador escaló hasta superar los 800 puntos.
La evolución contrasta con la de otros países de la región, donde no se observó un aumento de la misma magnitud en ese período. Uruguay, Chile, Paraguay y Perú mantuvieron niveles significativamente más bajos, mientras que Brasil, México y Colombia tuvieron variaciones moderadas.
Esta comparación regional indica que, aunque factores externos afectan a todos los países, la intensidad del castigo sobre los activos argentinos responde también a problemas domésticos de naturaleza económica y política.
Un mayor riesgo país eleva el costo de endeudamiento y dificulta que el Gobierno vuelva a los mercados internacionales para refinanciar compromisos en condiciones favorables.
La deuda y las dudas sobre la capacidad de pago
Una de las principales inquietudes de los inversores es cómo el Ejecutivo obtendrá los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos. Aunque Milei y Caputo han dicho reiteradamente que pagarán los compromisos, el mercado cuestiona la capacidad real de generar o conseguir divisas.
El equilibrio fiscal, pilar de la política económica del Gobierno, no garantiza por sí solo la disponibilidad de dólares para atender obligaciones externas. Tener superávit en las cuentas públicas no equivale automáticamente a disponer de las divisas necesarias para pagar deuda.
La inquietud se acentúa por las necesidades de financiamiento previstas para 2027. Los análisis estiman un faltante potencial de dólares entre 15.000 y 20.000 millones, lo que obligaría al Gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento o recurrir a los recursos del Banco Central.
En ese marco, el acceso al crédito internacional se vuelve cada vez más complejo. Desde agosto el Ejecutivo no logra colocar deuda en dólares en el mercado local y las privatizaciones no han sido suficientes para cubrir los vencimientos.
El pago al FMI y la dependencia de las reservas
La presión sobre las cuentas externas también se observa en los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno debía afrontar esta semana un pago de aproximadamente 877 millones de dólares y tiene otro compromiso cercano a 340 millones en diciembre.
Se espera además un desembolso del FMI por unos 900 millones de dólares, sujeto a la aprobación de las condiciones acordadas con los técnicos y el directorio del organismo.
Sin embargo, ese financiamiento no está asegurado y el mercado teme que el Ejecutivo deba usar reservas internacionales del Banco Central para cumplir con las obligaciones.
Un informe de CP Consultores advirtió sobre la fragilidad patrimonial del Banco Central: estiman reservas netas alrededor de 12.000 millones de dólares, que, si se descuenta el último préstamo del FMI, quedarían en un saldo negativo cercano a 3.000 millones.
El estudio además distingue entre reservas netas y liquidez de corto plazo, esta última estimada en unos 22.000 millones de dólares. Esa distinción es relevante para evaluar la capacidad inmediata de respuesta del Banco Central, aunque no elimina las dudas sobre la sostenibilidad del esquema financiero.
Recesión, caída de las acciones y tensión política
El aumento del riesgo país se produce junto a señales de empeoramiento de la economía real. La actividad tiene dificultades para recuperarse y consumo y sectores productivos muestran debilidad.
La caída de los activos financieros refleja ese contexto. En una de las últimas jornadas, el índice Merval retrocedió 4,5% medido en dólares, y algunas acciones argentinas en Nueva York registraron pérdidas de dos dígitos: IRSA llegó a caer 12,8% y Cresud 8,1%.
A los factores económicos se suma la incertidumbre política. La administración enfrenta tensiones internas y dificultades para consolidar una estrategia que sostenga el ajuste sin profundizar la contracción económica.
En el análisis de las causas de la suba del riesgo también se incluye el contexto internacional: la guerra en Irán y sus efectos en los precios de la energía, el resultado electoral en Brasil y las elecciones legislativas en Estados Unidos condicionan las expectativas de los inversores.
No obstante, la evolución de otros indicadores regionales muestra que esos eventos no provocaron un deterioro financiero de la misma magnitud que el argentino.
El impacto de las elecciones en Estados Unidos
La situación política en Estados Unidos es otro factor de preocupación para los mercados argentinos. Las elecciones de medio término pueden modificar el control del Congreso y el espacio de acción del Gobierno de Donald Trump, lo que influye en la política exterior y el apoyo financiero estadounidense.
La posibilidad de un cambio en el equilibrio político alimenta dudas sobre la continuidad del respaldo de Washington a la administración de Milei, respaldo que en meses recientes ayudó a contener tensiones cambiarias y financieras.
En el mercado temen que la Argentina pueda necesitar un nuevo auxilio externo para cumplir compromisos y sostener su programa económico, y una alteración del escenario político estadounidense podría dificultar esa expectativa.
En ese sentido, el riesgo país funciona como una señal de las incertidumbres persistentes sobre la capacidad del Gobierno para conseguir financiamiento y estabilizar la economía.
La apuesta al ajuste, bajo la mirada de los mercados
La estrategia oficial sostiene que el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la disciplina monetaria recuperarán la confianza y atraerán inversiones. Sin embargo, el aumento del riesgo país pone en duda los resultados inmediatos de esa política.
La recesión puede reducir la recaudación, limitar la producción y afectar la generación de divisas, mientras que el ajuste sobre infraestructura y actividad podría perjudicar las perspectivas de crecimiento. Todo ello incide en la capacidad futura de pago de la deuda.
Cumplir los vencimientos es condición necesaria para convencer a los acreedores, pero no suficiente. Los inversores también evalúan si el país podrá generar recursos suficientes sin depender de nuevos préstamos de forma permanente.
Con el riesgo país nuevamente por encima de los 800 puntos, el Gobierno enfrenta una advertencia del mercado. Tras meses de ajuste y apoyo financiero internacional y bilateral, la confianza todavía no se traduce en una mejora sostenida de las condiciones de financiamiento.
