Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2026, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, registró 240 víctimas fatales de violencia de género a nivel nacional, lo que equivale a un femicidio aproximadamente cada 17 horas. Del total, 207 casos corresponden a femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 a transfemicidios y 24 a femicidios vinculados de varones adultos y niños.
El relevamiento indica que octubre cerró con 43 casos, la cifra más alta desde el inicio de los registros del observatorio en 2008. La organización señaló que la gravedad de la violencia extrema se ve agravada por la negación de la violencia de género, la eliminación de políticas públicas, la falta de presupuesto, la ausencia de un organismo rector especializado y el incumplimiento de las leyes.
El hogar como el espacio más peligroso y el impacto en las familias
El informe muestra que el 66% de las mujeres fueron asesinadas en su propia vivienda o en el domicilio compartido con el agresor (69 casos en la vivienda de la víctima y 75 en domicilios compartidos), lo que sitúa al hogar como el principal lugar de riesgo. Respecto al vínculo con el agresor, 90 femicidas eran parejas y 29 exparejas; detrás se ubican conocidos o vecinos (31) y otros familiares o integrantes del círculo cercano.
Estos crímenes dejaron 282 hijos e hijas sin madre; del total, el 54% (154) son menores que afrontan la pérdida de manera directa. Geográficamente, los casos se distribuyen en todo el país, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza en valores absolutos (72), seguida por Santa Fe (33) y Córdoba (15).
Fallas estatales y denuncias previas
Un dato relevante del observatorio es que solo el 12% de las mujeres agredidas (26 víctimas) había realizado una denuncia previa, y únicamente 15 agresores contaban con una medida cautelar de prevención dictada por la justicia. Para las organizaciones de la sociedad civil, esto evidencia que las respuestas judiciales y las medidas cautelares fueron insuficientes y permitieron que los agresores actuaran con impunidad.
El informe complementario registró además 465 tentativas de femicidio bajo seguimiento y situaciones de extrema vulnerabilidad: 21 víctimas presentaban indicios de abuso sexual, 17 se encontraban en contextos de narcocriminalidad, 6 estaban embarazadas y 9 femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad. Tras los hechos, 36 agresores se quitaron la vida.
Frente a este panorama, La Casa del Encuentro reclamó el cumplimiento efectivo de leyes clave —como la Ley 26.485 de Protección Integral, la Ley Micaela (27.499), la reparación económica “Brisa” (27.452), la ley de Cuerpos de Abogadas y Abogados para Víctimas (27.210) y la Ley de Trata (26.364)— y exigió un Estado activo con perspectiva de género y un abordaje federal e interdisciplinario ante esta problemática de derechos humanos.
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