Granja Tres Arroyos (GTA), propietaria de la planta Pinazo en La Lonja, Pilar, informó ante la Justicia comercial que al cierre de 2025 registró un pasivo contable de $536.000 millones y que entró en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar vencimientos por $2.070.722.822,03. Esos datos surgen de la presentación de su concurso preventivo de acreedores.
El pasivo declarado, equivalente a aproximadamente US$350 millones al tipo de cambio oficial, supera con creces los $160.646 millones que la Central de Deudores del Banco Central le atribuía al Grupo GTA (GTA, Wade y Avex) al 15 de septiembre, dado que aquella cifra sólo incluía deuda bancaria, comercial y cheques rechazados, mientras que la nueva presentación comprende la totalidad del pasivo contable. Según el balance aportado, la compañía posee activos por $760.000 millones y un patrimonio neto que descendió de $341.000 millones a $224.000 millones en el último año.
Un expediente que suma cuatro empresas
El caso se tramita en el expediente COM 018558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. GTA solicitó que el concurso se tramite de forma conjunta con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, identificadas como integrantes del “Grupo GTA”, y en forma subsidiaria pidió la apertura de un concurso individual si la convocatoria conjunta no prospera. La empresa declaró más de 4.800 acreedores, cuyos créditos deberán ser verificados. En la documentación se afirmó que “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras el resto corresponde a accionistas minoritarios de la familia fundadora.
Los números que explican la caída
La estructura del pasivo refleja que los mayores compromisos son préstamos y pasivos financieros, por cerca de $199.000 millones, y obligaciones con proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. Se registran además $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, y $32.000 millones en obligaciones fiscales. Los “Resultados No Asignados” pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un déficit proyectado de $122.052 millones para 2025. En su escrito, GTA atribuyó la crisis a factores como el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para trasladar mayores costos a los precios, la competencia de carne aviar importada, el cierre de mercados externos tras el episodio de influenza aviar en 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de costos de energía, logística, insumos y mano de obra.
Qué pasa con Pinazo
La planta de Pilar acumula años de conflicto: desde diciembre de 2024 la empresa tuvo dificultades para pagar salarios en tiempo y forma, lo que generó protestas. En agosto la planta dejó de operar y sus trabajadores permanecieron suspendidos durante ese mes.
Ante ese cuadro, GTA anunció inicialmente el despido de 170 trabajadores sobre una dotación de cerca de 300, aunque el 1° de septiembre llegó a un acuerdo con el sindicato para reducir esa cifra a 50 despidos en Pinazo.
En los telegramas enviados a los afectados la empresa invocó “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”. La medida quedó suspendida de forma provisoria por una conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación de esos 50 empleados y la de otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Esa conciliación vence esta semana y puede prorrogarse por cinco días hábiles más.
La respuesta parcial de la Justicia
El Juzgado Comercial N°21 actuó de manera provisoria frente a la urgencia planteada por GTA. El juez Germán Páez Castañeda ordenó a las entidades bancarias no pagar cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre que vencieran con posterioridad a esa fecha y dispuso que esos rechazos no se computen para multas o inhabilitaciones de cuentas. También autorizó la apertura de una cuenta corriente inembargable en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos, y ordenó a las empresas de electricidad y gas que no suspendan el suministro por deudas anteriores al 9 de septiembre. En cambio, el magistrado rechazó por ahora el pedido para que los bancos mantengan abiertas las cuentas de la empresa y no levantó embargos e inhibiciones ya vigentes; esas decisiones quedarán para el juez que continúe la causa, una vez que actúen el síndico y los acreedores.
Para los trabajadores de Pinazo la incertidumbre central sigue siendo qué sucederá con los puestos de trabajo y con los salarios adeudados mientras avanza el proceso judicial.
