Los islandeses votaron ayer a favor de reabrir las negociaciones para una posible adhesión a la Unión Europea, aunque lo hicieron con la conciencia de que ni la pertenencia a la UE ni el aislamiento solucionarán por sí solos los problemas del país. Con cerca del 60% del escrutinio, el recuento provisional situaba el sí en el 50,9% frente al 49,1% del no.
Entre los autobuses que transportaban turistas, los residentes de Reikiavik entraban y salían del Ayuntamiento, donde se ubicaba uno de los colegios electorales. Allí se celebró la votación en la que el país debía decidir si retomar las negociaciones de ingreso a la UE.
El consistorio está en el corazón demográfico del voto a favor: una zona con mayores niveles educativos y económicos. Ese distrito contrasta con áreas dedicadas a la pesca y la agricultura, con menor nivel formativo, donde predominó el rechazo. Esa división entre dos realidades sociales era evidente en el semisótano de estilo industrial del Ayuntamiento, donde se instalaron las ocho mesas electorales.
Los partidarios del sí admitían que la consulta no supondría la entrada automática en la UE ni la solución inmediata a los principales problemas, que para muchos son de carácter económico. Algunos votantes del no defendían posturas nacionalistas alimentadas por desinformación difundida por una campaña euroescéptica bien organizada, incluida la emisora Þjóðmál, que llegó a afirmar que la adhesión podría obligar a Islandia a exportar su electricidad al continente.
Esas tesis, sin base real, calaron en un país que históricamente ha mantenido cierto aislamiento y que se siente cultural y emocionalmente cercano a los otros países nórdicos y a Groenlandia, pero distante de estados como Hungría o Polonia y receloso de países como Francia, Alemania u Holanda.
Quienes apoyaban el sí no atribuían a la UE soluciones mágicas. Un voluntario del colegio electoral explicaba que el principal problema es la inflación, que genera unos tipos de interés que dificultan la compra de vivienda, y que esa cuestión deberá resolverse internamente y será dolorosa: «Bruselas no va a venir a arreglarnos eso», decía. Añadió que los voluntarios cobraban un mínimo de 82.000 coronas (583 euros) por una jornada de hasta 18 horas y prefirieron no ser identificados porque tenían prohibido hablar con la prensa.
Gillis, una arquitecta de 70 años con un estilo que evocaba cierta bohemia ártica, señaló que la moneda nacional, la corona, es un problema para una economía y un país pequeños. Adoptar el euro exigiría un ajuste muy fuerte, por lo que el referéndum no exime de responsabilidades: «Ni dentro ni fuera de la UE nuestros problemas se solucionarán milagrosamente», afirmó. El Gobierno había usado la tesis de que la corona es más un lastre que un activo en su campaña, mientras que los partidarios del no sostenían que, en una unión monetaria, Islandia, por su tamaño y lejanía, estaría supeditada a decisiones externas.
“Escenarios hipotéticos”
«El sí responde a la curiosidad por ver qué ofrecerían las negociaciones; el no, a escenarios hipotéticos sin fundamento», resumió un trabajador de 32 años de la próspera industria audiovisual local, apodado «Oggi», un nombre propio de la tradición isleña.
Cabinas utilizadas ayer en el ayuntamiento de la capital durante el referéndum celebrado en Islandia. J. NACKSTRAND/AFP
No se trataba únicamente de escenarios hipotéticos, sino también de cifras que rozaban lo fantástico, similares a la conocida campaña del Brexit que situó en 350 millones de libras semanales (410 millones de euros) el gasto del Reino Unido en la UE. Ese importe equivaldría a 21.320 millones de euros al año, alrededor del 0,6% del PIB británico. En Islandia, los defensores del no elevaron la cifra hasta el 1% del PIB, situándola en 50.000 millones de coronas (340 millones de euros).
Esa cantidad la difundió la principal organización anti-UE, Afram Ísland (Adelante Islandia), y se convirtió en un argumento eficaz: el número de 50.000 millones de coronas apareció con frecuencia entre los votantes del no en el colegio del Ayuntamiento. Muchos de ellos, según observadores, no siguen habitualmente la política y habían elaborado sus propios «hechos alternativos».
Un ejemplo es Bjork, que declaró haber votado no porque consideraba lamentable que el Gobierno hubiera pagado 50 millones de coronas (355,62 euros) a la UE para permitir la celebración del referéndum. Para ella, ni el sí ni el no cambiarán las cosas. Ante la pregunta sobre el origen de la idea de que la UE cobraba por autorizar referendos, Bjork respondió que lo había visto en algún sitio en Internet, aunque no recordaba exactamente dónde.
