«La era de Westminster está tocando a su fin». Esa es la frase central del memorando firmado por los máximos dirigentes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y por la líder de la oposición de la República de Irlanda, durante una reunión en Cardiff. El mensaje sugiere la intención de trabajar conjuntamente hacia la disolución del actual modelo del Reino Unido tal como existe desde 1922.
No firmaron el texto en calidad de representantes del Estado, sino como líderes de sus partidos: el SNP en Escocia, Plaid Cymru en Gales y Sinn Féin en Irlanda. Esos partidos promueven que sus territorios abandonen el Reino Unido: Escocia y Gales como Estados independientes e Irlanda del Norte mediante la reunificación con la República de Irlanda. Sinn Féin tiene presencia tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda; por ello estuvo representado por Michelle O’Neill y por Mary Lou McDonald, líder del partido en la República, organización que históricamente estuvo vinculada hasta finales de los años noventa al brazo político del Ejército Republicano Irlandés.
El documento constituye, por tanto, un compromiso político de esos partidos para deshacer el Reino Unido, referido a las tres entidades que en el habla cotidiana británica se denominan «naciones» (aunque formalmente se hable de «países», sin que ello implique necesariamente soberanía).
La declaración llega además en un momento delicado: durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a la reunificación irlandesa, postura que coincide con la de Sinn Féin. Esa intervención provocó sorpresa en el Reino Unido y especulaciones sobre sus motivos; en el marco de la política exterior estadounidense reciente, cualquier acción que pueda debilitar a potencias europeas puede percibirse como compatible con ciertos intereses de la Casa Blanca.
Aunque el memorando no menciona explícitamente la palabra «referéndum», incluye formulaciones solemnes, por ejemplo al afirmar que «por primera vez hay ministros principales en Escocia, Gales e Irlanda del Norte comprometidos con la independencia del Reino Unido». Eso plantea una contradicción práctica: quienes suscriben el acuerdo son, al mismo tiempo, titulares de cargos institucionales y líderes partidarios que cambian de rol según convenga.
La iniciativa abre además cuestiones políticas, legales e institucionales complejas. El caso más claro es el de Escocia: su primer ministro, John Swinney, anunció la intención de convocar un referéndum de independencia en 2031, tras las próximas elecciones autonómicas.
Sin embargo, la justicia británica dictaminó en 2022 que la convocatoria de un plebiscito de autodeterminación en Escocia corresponde al Parlamento de Westminster. Además, la viabilidad de la secesión en una votación popular no está garantizada: en las elecciones de mayo, el SNP perdió apoyo y, junto con los Verdes, los partidos independentistas obtuvieron alrededor del 41% del voto. Aun así, los líderes independentistas sostienen que la opinión pública ha evolucionado según algunas encuestas recientes que muestran una ventaja estrecha a favor de la separación.
El precedente de 2014 es relevante: en aquel referéndum el 55% votó por permanecer en el Reino Unido, un plebiscito pactado entonces entre el gobierno escocés y el Ejecutivo británico. En Gales, los independentistas no cuentan con mayoría en su Parlamento para convocar una consulta de este tipo, y, siguiendo el precedente escocés, una votación de esa índole requeriría la aprobación final de Westminster. Irlanda del Norte dispone además de procedimientos específicos que también implican al Gobierno de Londres.
Pese a estos límites legales y políticos, los líderes nacionalistas mantuvieron un tono combativo. Swinney llegó a afirmar que el actual primer ministro británico sería «el último primer ministro del Reino Unido». Mary Lou McDonald pidió la independencia pese a que Sinn Féin participa en el sistema de poder compartido en Irlanda del Norte con fuerzas que defienden la permanencia en el Reino Unido; esa contradicción generó críticas y reproches entre figuras políticas rivales.
En Gales, el primer ministro Rhun ap Iorwerth adoptó una postura más cautelosa y no fijó fecha para ningún referéndum. Aunque su partido, Plaid Cymru, gobierna por primera vez desde mayo, lo hace con apoyo del Partido Laborista, que está en el poder en Westminster y apoya la integridad del Reino Unido. El equipo del primer ministro británico restó importancia al memorando, afirmando que la prioridad sigue siendo la reducción del coste de la vida.
Sea cual sea su alcance práctico, el acuerdo ha aumentado la tensión política en el Reino Unido y se ha presentado simbólicamente como un «todos contra Westminster». Esa denominación tiene carga histórica y política: Westminster no solo es el barrio londinense donde se ubica el Parlamento, sino el emblema de la vida política del Reino Unido y de la integración, a lo largo de los siglos, de Escocia, Gales e Irlanda en el marco británico.
Históricamente, el Parlamento de Westminster dejó de ser exclusivamente inglés cuando, en 1707, se integró la representación escocesa y, en 1801, la irlandesa. La cuestión de la monarquía es anterior aún en el tiempo: la Abadía de Westminster ha acogido coronaciones desde 1066. Por eso, proclamar el fin de Westminster equivale, simbólicamente, a proclamar el fin del Reino Unido tal como se conoce.
