Islandia ha rechazado retomar el proceso de adhesión a la Unión Europea que se abrió en 2010 y se suspendió tras el cambio de gobierno en 2013. En 2015 Reikiavik indicó que no tenía intención de reanudar las negociaciones y pidió dejar de considerarse candidato, aunque no formalizó la retirada. Más allá del resultado numérico del referéndum, conviene preguntarse por qué un país europeo, democrático y próspero que participa activamente en estructuras comunitarias no ve suficiente motivo para impulsar una adhesión plena.
Es útil poner distancia y revisar las circunstancias con calma. La consulta no surgió de un movimiento proeuropeo amplio: formó parte del acuerdo que permitió la actual coalición y respondió en gran medida a la exigencia de Viðreisn, un partido liberal que defendía la adhesión. Esa circunstancia explica la débil campaña a favor: no se presentó una visión clara de lo que implicaría ser miembro ni una estrategia política definida, sino un argumento básicamente procesal —“digamos sí a negociar”—. Por el contrario, el no articuló intereses concretos y cercanos: pesca, agricultura, recursos y soberanía.
El referéndum se convocó a finales de febrero, aún marcado por la controversia sobre Groenlandia tras la actuación de Trump. Tres semanas después, Islandia firmó con la Unión una Asociación de Seguridad y Defensa que abarca el Ártico, seguridad marítima y cibernética, infraestructuras críticas y amenazas híbridas. Es llamativo que un país que rechaza retomar la adhesión estreche precisamente vínculos con Europa en áreas clave de soberanía, lo que plantea una paradoja: ¿mantendrá Islandia una postura de máxima soberanía cuando colabora en cuestiones estratégicas?
Bruselas no debía ejercer campaña; ese no era su papel. Sí cabía esperar, sin embargo, un relato sólido que explicara qué aportaría la pertenencia plena. Islandia ya accede al mercado interior a través del Espacio Económico Europeo, forma parte de Schengen y es miembro de la OTAN (sin ejército propio y con un acuerdo de defensa con Estados Unidos desde 1951). Para muchos votantes resulta lógico preguntarse qué beneficios adicionales proveería la Unión frente a los ya obtenidos por estas vías.
Los adversarios de la integración europea interpretan el resultado como una señal simbólica: los países ricos prefieren mantenerse fuera o incluso salir, mientras que quienes buscan entrar lo hacen atraídos por la prosperidad. Mencionan a Noruega e Islandia, el Brexit, la salida de Groenlandia en 1985 y las excepciones de Dinamarca e Irlanda como indicios de distancia. Aunque esa lectura es simplista y sesgada, plantea una cuestión relevante: ¿qué hace hoy atractiva la pertenencia plena que justifique renunciar a parte de la soberanía?
Históricamente, la prosperidad fue una respuesta central. Pero esa promesa siempre estuvo vinculada a la seguridad.
La integración europea nació en el marco de un gran proyecto occidental impulsado durante y tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de las catástrofes de la primera mitad del siglo XX. La Carta del Atlántico planteó un orden basado en la paz como objetivo estratégico, la prosperidad como su contenido y el intercambio regido por normas como medio para lograrlo. Bretton Woods, la ONU y el sistema comercial multilateral desarrollaron esa idea en un plano más amplio.
Europa llevó este paradigma más lejos para resolver un problema existencial: la cuestión alemana. Tras dos guerras devastadoras ya no bastaba restaurar balances entre estados; había que integrar a Alemania de forma que su poder quedara encuadrado en instituciones comunes. La Declaración Schuman y el Tratado de París perseguían precisamente esto: someter sectores clave como el carbón y el acero a una autoridad compartida para evitar el resurgir de la agresión y asegurar la paz.
De ese propósito nació una poderosa estructura de prosperidad: mercado único, libre circulación, moneda en varios países, políticas de cohesión y sucesivas ampliaciones que generaron continuidad y crecimiento. Tras 1989, para las democracias del Este entrar significó reafirmar su espacio europeo, fortalecer instituciones y participar del bienestar occidental.
El objetivo —la paz— no ha cambiado, pero las condiciones para preservarla sí.
El diseño inicial buscaba domesticar el poder dentro del continente. Hoy el desafío es defender lo europeo frente a potencias externas que debilitan, de diversas formas, los fundamentos de su estabilidad.
Rusia actúa abiertamente mediante guerra, presión híbrida, ciberataques y coerción. China incide erosivamente en elementos del mercado interno con subsidios masivos, control de cadenas críticas y dependencia industrial, y aprovecha su escala económica con fines estratégicos. Estados Unidos plantea otro tipo de desafío: ha dejado de ser la garantía automática de seguridad que Europa daba por descontada. La Administración Trump, en particular, ha puesto en cuestión principios del orden occidental, tensado relaciones comerciales y tratado a aliados con un enfoque transaccional, lo que dificulta basar la seguridad europea en una tutela estadounidense constante.
El mundo ha cambiado, y la Unión aún no ha ajustado plenamente su ambición, sus instituciones ni sus instrumentos a esa nueva realidad.
Durante décadas la UE pudo concentrarse en consolidar un espacio interno regido por reglas. Ahora debe demostrar que ese sistema genera poder suficiente para defender fuera las normas, intereses y modo de vida que ha creado. Eso exige completar el mercado único —faltan avances en capitales, energía, servicios y comunicaciones— y, además, dar el siguiente paso en integración en política exterior, seguridad y defensa.
No se trata de sustituir a la OTAN, sino de construir un verdadero pilar europeo dentro de ella y disponer de medios propios cuando Washington no comparta prioridades. Esto requiere industria de defensa, adquisiciones coordinadas, interoperabilidad, financiación y capacidades estratégicas, junto con autonomía en la toma de decisiones. Tener veintisiete ejércitos o veintisiete políticas exteriores no equivale por sí solo a una defensa o una política exterior comunes.
La prosperidad sigue siendo un incentivo importante para aspirantes a la membresía. Pero en un entorno más inseguro la adhesión plena tendrá que ofrecer algo que los acuerdos parciales no pueden: protección tangible, capacidad de actuar y peso político.
Hoy Islandia dispone del acceso al mercado europeo y de seguridad atlántica por vías distintas. Su rechazo a reanudar la adhesión obliga a plantearse qué aporta realmente la Unión. La respuesta no puede limitarse a más prosperidad: la asociación europea surgió para preservar la paz sometiendo el poder a reglas, y su futuro exige entender que preservar la paz también requiere poder suficiente para defenderla internacionalmente.
Ahí reside el prestigio que la Unión debe recuperar.
