El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto para reemplazar la actual Ley de Tierras con el objetivo de eliminar restricciones vigentes sobre la adquisición de extensas superficies rurales por parte de extranjeros. La propuesta elimina el tope del 15% para la compra por parte de no residentes, suprime el cupo por nacionalidad y elimina el límite de superficie por región (hasta ahora de mil hectáreas en la zona pampeana). Además, habilita la compra de nacientes y ojos de agua, hoy vedada para compradores extranjeros, y modifica la Ley de Expropiaciones, lo que podría implicar mayores indemnizaciones si el Estado requiere tierras para obras de infraestructura.
Diego Morales, director de litigio del CELS, señaló en Infobae A las Nueve que la normativa vigente nunca fue completamente eficaz porque era posible eludirla mediante entramados societarios con argentinos como intermediarios para inversores extranjeros. Según Morales, el registro previsto por la ley permitía identificar la titularidad de parcelas, pero no siempre impidió operaciones complejas que ocultaron a los beneficiarios reales.
Los cambios propuestos amplían la capacidad de empresas y personas extranjeras para adquirir tierras rurales al eliminar límites actuales. También se plantea una mayor carga económica para el Estado en caso de expropiaciones vinculadas a proyectos públicos, por el aumento en las compensaciones previstas.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Quienes impulsan la reforma defienden que la liberalización facilitaría inversiones y planificaciones de proyectos económicos que requieren acceso a tierras. Sus opositores, en cambio, cuestionan tanto la necesidad real de esa apertura como sus posibles efectos sobre la soberanía sobre recursos estratégicos, la protección ambiental y los derechos de comunidades.
Morales afirmó que no existe una demanda masiva de inversores extranjeros que justifique la reforma y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el umbral del 15%, además de prever controles razonables. Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió que la medida podría poner en riesgo la biodiversidad y el acceso a fuentes de agua dulce, y que facilitaría proyectos extractivos que no necesariamente promuevan desarrollo local ni protección ambiental.
Morales también subrayó que el Estado necesita tierras para planificar proyectos públicos, pero señaló la ausencia en la legislación argentina de una ley específica que reconozca y regule la propiedad comunitaria indígena, pese a su reconocimiento constitucional. Esto deja a amplios sectores sin seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que trabajan.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
En la práctica, la aplicación de la Ley de Tierras mostró mecanismos para intentar eludir las restricciones mediante sociedades integradas por ciudadanos argentinos que actuaban como testaferros. Si bien el registro previsto por la norma permitía la identificación de propietarios, detectar al beneficiario final en operaciones complejas resulta difícil.
Morales indicó que el registro sigue siendo una herramienta útil para investigar la titularidad real de la tierra, aunque admitió limitaciones para descubrir estructuras societarias opacas. El debate sobre transparencia y rastreabilidad de compras de grandes superficies continúa abierto, especialmente en casos históricos de adquisición por empresas extranjeras.
En materia ambiental, Liebana advirtió que la propuesta carece de definiciones claras sobre la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Señaló la necesidad de fortalecer las capacidades estatales de control ambiental y lamentó la reducción de recursos para la fiscalización y la prevención y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para aprobar la reforma y retiró algunos artículos controversiales vinculados a desalojos inmediatos, tras reclamos de organizaciones sociales y de la Iglesia. El Gobierno introdujo modificaciones para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, restringiéndolo a casos de falta de pago y excluyendo su aplicación contra ocupaciones históricas de comunidades.
La discusión parlamentaria enfrenta posiciones que priorizan la atracción de inversiones extranjeras y quienes defienden mantener controles estatales sobre recursos estratégicos. Morales resumió que la cuestión central no es simplemente el papel de los extranjeros, sino qué planea el Estado respecto de un bien clave como la tierra.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa de una sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y algunos parlamentarios mantienen críticas y piden un análisis más profundo sobre los posibles impactos sociales, ambientales y económicos de una reforma que podría cambiar sustancialmente el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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