El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas inferiores a tres años.
También fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.
El veredicto, dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, se pronunció un día antes del vencimiento del plazo de acción penal según la Fiscalía.
López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua por considerarlos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y a 2 años y 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.
De este modo, el tribunal impuso penas inferiores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, y cuatro años para el resto de los imputados.
Al inicio de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas que pedían la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, la prescripción de la acción penal y la nulidad de los alegatos de los acusadores.
Por mayoría, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes cautelados por un monto de $206.438.454,05, considerado como el dinero desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales; ese monto deberá ajustarse cuando la sentencia quede firme.
La jueza Palliotti informó además que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17:00 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.
El juicio, iniciado en marzo pasado, investigó la causa vinculada a la Fundación Sueños Compartidos, en la que se indagó el desvío de fondos públicos —estimados en más de $206 millones— que el Estado nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Los fondos estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, pero el programa presentó serias irregularidades entre 2005 y 2011, incluidos sobreprecios en las obras y contrataciones sin licitación.
Agostina Carlesso (NA)
