Una nueva denuncia por violación ha vuelto a poner en foco la violencia sexual en las universidades de Estados Unidos. Una joven, cuya identidad no se ha difundido, ha demandado a la Universidad de Cornell, en Ithaca (Nueva York), acusando a siete estudiantes de haberla violado en la sede de la fraternidad Chi Phi tras incitarla a consumir ketamina, fumar marihuana y beber alcohol. Según su versión, debido a las drogas y al alcohol no podía reaccionar ni otorgar consentimiento.
El debate público no solo se centra en la propia agresión, sino en la acusación de que las autoridades y la Universidad no investigaron ni llevaron a los presuntos responsables ante la justicia. Los hechos datan de octubre de hace dos años, pero la Fiscalía local no abrió una pesquisa hasta después de que la mujer presentara una demanda civil contra los siete estudiantes, la fraternidad Chi Phi, la Universidad, un bar de Ithaca y otras personas vinculadas a asociaciones estudiantiles, reclamando una indemnización por daños.
La denunciante, que entonces tenía 20 años —por debajo de la edad legal para consumir alcohol en EE. UU.— acudió a la policía del campus, donde se llevó a cabo únicamente una investigación interna. Esa pesquisa resultó en la suspensión de los estudiantes implicados; dos fueron expulsados y a otros cinco se les pidió que redactaran un ensayo sobre lo ocurrido como medida paliativa. La sección local de Chi Phi fue clausurada en 2024.
Cornell, miembro de la Ivy League, ha recibido críticas por supuestamente no haber actuado con suficiente rigor, algo que la universidad ha negado: una portavoz afirmó que cualquier insinuación de falta de sanciones adecuadas es falsa.
El fiscal del distrito de Tompkins, Matthew Van Houten, declaró que su oficina investigará ahora las denuncias, pero explicó que no lo hizo en 2024 porque, según su valoración del testimonio original, no había fundamento para presentar cargos. Van Houten afirmó que la mujer describió entonces su consumo y su conducta sexual como voluntarios y consentidos. El abogado de la denunciante, Thomas Giuffra, dijo a la CNN que el informe policial no difería sustancialmente de las acusaciones de la demanda y criticó a la Fiscalía por no haber investigado más a fondo.
Según documentos de la investigación interna consultados por el New York Times, emergen dos elementos relevantes.
La mujer denunció la agresión más de dos semanas después. Inicialmente, en estado de shock según su compañera de piso, atribuía lo sucedido a un error suyo o al efecto de las sustancias consumidas —una reacción frecuente en agresiones sexuales cometidas por conocidos—; con el tiempo llegó a reconocerlo como una violación al entender que en el momento no podía dar ni negar su consentimiento.
La transcripción de su testimonio ocupó 120 páginas. La policía del campus elaboró un resumen en el que se basó la Fiscalía para no presentar cargos; en ese resumen no se mencionó la palabra “violación”, pese a que la denunciante afirmó categóricamente: “Puedo afirmar con un 100% de certeza que fui violada”.
La demandante relató haber acudido a la fraternidad ya ebria, tras recibir alcohol en un bar durante un acto estudiantil a pesar de ser menor de 21 años. Según su versión, su amigo y otros miembros de la fraternidad la violaron en grupo durante horas, tras obligarla a consumir drogas y más alcohol cuando ya no estaba en condiciones de negarse. Asimismo, la denuncia incluye la existencia de un mensaje en el chat de la fraternidad que, con lenguaje soez, anunciaba “sexo gratis” en una de las habitaciones de la residencia.
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó lo que calificó de “cultura de la violación” en instituciones de élite, señalando que los mensajes del chat reflejan una normalización del comportamiento y defendiendo la necesidad de dejar de proteger esos espacios.
Cornell creó en 2025 un grupo de trabajo universitario sobre agresiones sexuales. Una encuesta interna del grupo indicó que el 35% de las estudiantes y el 8% de los estudiantes de Cornell afirmaron haber sufrido actos sexuales no consentidos durante su etapa universitaria.
Las pesquisas deberán establecer los hechos. La demanda incluye una fotografía del chat de los estudiantes que, más allá del valor probatorio, plantea preguntas morales y sociales. Giulia Blasi, en su boletín en Substack, señaló que el chat tenía 57 miembros: pocos acudieron a comprobar lo ocurrido y ninguno protegió a la víctima. Ese hecho, escribió, cuestiona el supuesto papel protector de ciertos discursos sobre la masculinidad y la responsabilidad de quienes recibieron la información y no actuaron.
Culturalmente, suele ponerse en duda a las víctimas —por qué acudieron ebrias, por qué no se defendieron— y esa dinámica se reproduce en debates públicos y procesos judiciales. Giusi Fasano relató las duras preguntas que sufrió la joven víctima en otro caso de violación en grupo en Italia, que recordaron interrogatorios de décadas pasadas.
El debate público, sostienen distintos comentaristas, debería también dirigirse al comportamiento de los jóvenes independientemente de las consecuencias penales. Frente a un chat como el de Cornell, cabe cuestionarse por qué nadie intervino, por qué no saltaron las alarmas y qué enseñamos a las nuevas generaciones sobre consentimiento. Entre otras medidas, proponen replantear mensajes que animan a “aprovechar oportunidades” y empezar a educar en la idea de que el consentimiento es dudoso cuando una persona está visiblemente ebria.
