La denuncia presentada por el Gobierno de Argentina contra la actividad petrolera en las islas Malvinas señala a un entramado de empresas constituidas en Israel, el Reino Unido y Canadá, que según la acusación operan de forma ilegal en el archipiélago bajo administración británica, cuya soberanía disputa Argentina.
Cinco compañías son el eje de la querella penal presentada por el Gobierno de Javier Milei, que en los últimos días ha impulsado medidas destinadas a impedir cualquier intento de extraer petróleo en una zona del Atlántico Sur que Argentina considera parte de su territorio.
El escrito judicial al que tuvo acceso Efe sostiene que la estructura societaria muestra que las actividades investigadas se habrían articulado mediante sociedades vinculadas entre sí.
La principal empresa implicada es la israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Tel Aviv.
El portafolio de Navitas incluye, además de sus intereses en Malvinas, bloques en el Golfo de México —que el expresidente Donald Trump ha rebautizado como Golfo de América—, información que la propia compañía ha añadido a su web.
En esas áreas y en el estado de Texas, Navitas figura asociada a petroleras estadounidenses como Beacon Offshore Energy, LLOG, ExxonMobil y PO&G.
La querella argentina también apunta a dos subsidiarias de la israelí constituidas en el Reino Unido: Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL).
NPDP opera y posee el 65 % del proyecto offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas.
Junto a su socia británica Rockhopper, NPDP tomó en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID) para Sea Lion, lo que puso al proyecto en fase de desarrollo con el objetivo de empezar a extraer crudo en 2028; de materializarse, sería el inicio de la explotación petrolera en Malvinas.
Empresas canadienses en la mira
En febrero pasado, NAPL suscribió un acuerdo con la canadiense JHI Associates —otra de las denunciadas por Argentina— para asociarse en la exploración del bloque PL001, contiguo a Sea Lion.
Mediante ese pacto, NAPL compró a JHI Falkland —filial de JHI Associates— una participación del 65 % en la licencia de exploración de PL001 concedida por las autoridades de Malvinas, una concesión que Argentina considera, al igual que la de Sea Lion, “ilegal”.
Sea Lion tiene una vida útil estimada de 30 años y previsiones de inversión por unos 4.000 millones de dólares, y podría ampliarse para funcionar como un nodo de la cuenca Malvinas norte si la exploración en áreas adyacentes resultara exitosa.
Además de JHI Associates, la denuncia incluye a la también canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, que en mayo cerró un acuerdo para adquirir JHI.
Las personas detrás del negocio petrolero
La acción judicial argentina no solo alcanza a las empresas, sino también a sus responsables: sin aportar nombres, reclama que la Justicia identifique a quienes integran los órganos de administración, representación o dirección, así como a cualquier persona que haya intervenido en la planificación, contratación o ejecución de las actividades petroleras.
Navitas está presidida por el empresario israelí Gideon Tadmor, cofundador de la compañía y una figura relevante en el sector energético de Israel.
Otras personas señaladas como clave en Navitas son su director ejecutivo, el economista Amit Kornhauser; el director ejecutivo de NPDP, Ian Ramsay; y el responsable del desarrollo y la operación del proyecto Sea Lion, Gareth Bamford.
