El gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la continuidad de las deportaciones de migrantes hacia países terceros, distintos a sus lugares de origen.
El fiscal general, Todd Blanche, informó en redes sociales que el Departamento de Justicia recurriría al Supremo luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva la decisión de un juez federal de Boston que restringe las expulsiones rápidas a terceros países.
Ese tribunal considera que las personas afectadas deben tener la oportunidad de alegar que podrían ser perseguidas o sufrir tortura en el país de destino.
Según medios locales, horas después del mensaje de Blanche el gobierno presentó formalmente una solicitud de emergencia ante el alto tribunal.
El litigio se centra en las garantías procesales que deben recibir los migrantes cuando Estados Unidos pretende transferirlos a un país que no es el suyo.
Los tribunales inferiores establecieron que los migrantes deben recibir una notificación adecuada y una oportunidad efectiva para exponer sus temores de persecución o tortura antes de ser deportados a un tercer país.
La Administración argumenta que esos requisitos complican las expulsiones y generan problemas logísticos, como la cancelación de vuelos.
Organizaciones de derechos humanos señalan que más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países desde la puesta en marcha de esta política por la administración Trump.
La resolución del caso en el Tribunal Supremo definirá qué salvaguardias procesales son obligatorias cuando Estados Unidos decide enviar a migrantes a naciones distintas a su país de origen.
