La Oficina Estatal de Auditoría señala que alrededor de 1.370 millones de euros procedentes de fondos públicos y préstamos bancarios fueron gestionados por una red de fundaciones, sociedades y fondos privados vinculados al banco central húngaro durante los años de gobierno de Viktor Orbán. Una figura central en esa estructura fue György Matolcsy, que presidió el Banco Nacional de Hungría entre 2013 y 2025.
Matolcsy fue detenido este miércoles por presunta estafa y uso de documentación falsa. La Fiscalía investiga maniobras para conservar el control de parte de ese patrimonio en beneficio propio y de su hijo. Se espera que hoy un juez decida si ordena su ingreso en prisión preventiva.
El caso pone en el centro una cuestión que el primer ministro Péter Magyar prometió afrontar al llegar al poder: esclarecer cómo se enriquecieron ciertos círculos afines al orbanismo y cuánto de esos recursos puede recuperarse para el Estado y la ciudadanía.
Magyar ya había señalado a Matolcsy antes de asumir el cargo: en marzo de 2025 afirmó que “el clan Matolcsy y Orbán acordaron el reparto del botín robado al Banco Nacional”. Era una acusación política, no una sentencia judicial, pero sirvió de base a su ofensiva: la tesis de que recursos públicos habrían sido desviados para crear y proteger fortunas privadas desde instituciones oficiales.
El banco creó las fundaciones Pallas Athéné para promover la educación y la investigación económica, dotándolas con el equivalente a unos 730 millones de euros. Esas fundaciones se integraron en PADME, que encargó la gestión patrimonial a Optima. La auditoría describe una red de empresas y fondos privados que dificultaba conocer el valor real de los activos, y señala que fondos destinados a formar economistas se invirtieron en grandes operaciones inmobiliarias en Polonia y Suiza.
En torno a esa estructura aparecen el hijo del gobernador, Ádám Matolcsy, y empresarios de su entorno. Entre ellos están István Száraz, vinculado a Quartz —la gestora implicada en la operación investigada—, y Bálint Somlai, cuyas empresas recibieron encargos inmobiliarios del banco. Investigación periodística documentó relaciones personales y el crecimiento de esos negocios; Somlai incluso asistió en 2023 a la celebración familiar del gobernador. Esa cercanía social no prueba por sí sola un delito, pero ayuda a comprender las redes de influencia.
Los intereses vinculados a ese círculo no se limitaron al sector inmobiliario. En 2017 Ádám adquirió la editora de Origo, antes en manos de Száraz, que también participó en VS.hu; empresas vinculadas recibieron más de 500 millones de forintos (unos 1,4 millones de euros) de las fundaciones del banco. Sus actividades se extendieron a contratos de comunicación. El medio de investigación Átlátszó ha reconstruido los cruces entre medios, contratos públicos, inversiones y lazos familiares.
Paralelamente, otra investigación alcanza la presunta financiación de Fidesz. En la causa sobre el Fondo Nacional de Cultura, la Fiscalía indaga el uso irregular de alrededor de 47 millones de euros en subvenciones, con sospechas de que fondos culturales beneficiaron a entidades afines y costearon gastos de campaña. La investigación afecta al exministro Balázs Hankó, que lo niega, y en julio motivó la incautación de servidores de Fidesz. Mientras, en el caso de Matolcsy las pesquisas se centran en el control del patrimonio y el beneficio del antiguo gobernador y su entorno.
La maniobra que motivó la investigación contra Matolcsy se habría producido el 28 de febrero de 2025, su penúltimo día en el cargo. La Fiscalía afirma que un contrato simulado de préstamo de valores pretendía transferir el control de una gestora a personas sobre las que Matolcsy mantendría influencia tras dejar el banco. Esa gestión incluía activos por unos 548 millones de euros. El perjuicio económico aún no está cuantificado. La policía busca también a Ádám Matolcsy y a György Stofa, exresponsable de Optima, por presunta estafa.
Matolcsy defiende que el patrimonio permanece y niega irregularidades: según declaraciones recogidas por Telex, afirma que los fondos están invertidos en oficinas y centros comerciales, que caídas bursátiles no equivalen a desaparición de activos y que las decisiones correspondían al patronato. Sin embargo, localizar inmuebles no zanja las dudas sobre el precio pagado, los beneficiarios reales y quién tenía capacidad de disponer del patrimonio.
La posibilidad de recuperar activos es clave en la disputa. Según Válasz Online, con base en documentos de la investigación, la nueva dirección del banco estuvo cerca en 2025 de recuperar una participación bancaria valorada en cientos de millones mediante un intercambio de activos con el círculo de Ádám, acuerdo que finalmente no se materializó. Es una reconstrucción periodística pendiente de aclaración judicial, pero indica que la disputa también gira en torno a quién puede recuperar o negociar esos activos.
Magyar ha creado una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos para perseguir abusos y facilitar la devolución de bienes obtenidos ilícitamente. Fidesz reclama una investigación “sin presión política” y la defensa ha recurrido la detención de Matolcsy. La causa no implica por ahora responsabilidad penal de Orbán, pero somete a escrutinio a un círculo que prosperó en su mandato y obliga al nuevo Gobierno a intentar cumplir su promesa de probar desvíos y recuperar fondos públicos.
