Un sicario con casco en moto asesinó a tiros a la abogada Helenn Guilianna Silva Padilla mientras comía con tres amigos en un restaurante; el ataque ocurrió el 15 de agosto en la provincia de Pacasmayo, norte de Perú, y el agresor huyó en la motocicleta sin ser capturado. Al día siguiente, tres personas fueron asesinadas a balazos en Nueva Santa Rosa de Colomba, Guatemala, y los autores también escaparon. En El Jícaro (Guatemala) dos pandilleros del Barrio 18 murieron tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil cuando supuestamente intentaban atacar a mototaxistas.
La violencia y la criminalidad son frecuentes en América Latina y el Caribe: aunque concentran el 8% de la población mundial, representan cerca de un tercio de los homicidios globales. En 2025 la región registró una tasa de 17,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y 108.838 homicidios en total, una reducción del 5% respecto a 2024, cuando la tasa fue de 19,3.
Factores como el narcotráfico, las guerrillas, el crimen organizado, los sicarios, las pandillas, el tráfico de personas y la minería ilegal están muy presentes y han ampliado su alcance a países que antes tenían tasas de homicidio bajas, como Costa Rica, Uruguay o Chile.
Haití encabeza la lista regional con una tasa de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador experimentó en 2025 un incremento del 31% respecto al año anterior, alcanzando un máximo histórico de 50,9 por cada 100.000 habitantes, pese a que el presidente Daniel Noboa ha militarizado esfuerzos contra el crimen y capturado a líderes de pandillas, entre ellos Adolfo Macías Villamar, alias Fito, vinculado a Los Choneros.
México también ha recurrido a medidas de fuerza: el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue eliminado, y se capturó a Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, quien en julio fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Aun así, operan con fuerza grupos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste y La Nueva Familia Michoacana.
BUKELE COMO MODELO DE ‘MANO DURA’
En El Salvador, la política de mano dura del presidente Nayib Bukele —incluido un estado de excepción vigente desde marzo de 2022 y la militarización de las calles— ha reducido los homicidios a 82 en 2025, la cifra más baja de su historia, con una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Más de 90.000 personas han sido encarceladas y, según la Policía, en 2026 la tasa ronda 0,9 por cada 100.000 habitantes, con 191 días sin homicidios registrados.
No obstante, Aníbal Argüello, ex analista criminal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, advierte que estas políticas de mano dura y las megacárceles conllevan detenciones de personas inocentes sin audiencias ni garantías judiciales. Señala además que la criminalidad estructural persiste —incluido el narcotráfico— y que no se verán afectados los grupos con vínculos dentro del Estado. Argüello alerta sobre un posible aumento de la militarización y la pérdida de libertades.
Ese enfoque se intenta replicar en otros países. En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella inició su mandato con promesas de mano dura y mencionó acciones contra elementos ligados a las FARC. También lo promueven líderes como la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, que apoyan el uso de fuerza policial y militar y la construcción de megacárceles al estilo del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
La socióloga y experta en seguridad Lucía Dammert señala que los mercados ilegales se han diversificado: además del narcotráfico, la minería ilegal de oro en Colombia, Perú y Brasil y el tráfico de migrantes tienen hoy un papel central.
En Ecuador, Dammert explica que, tras el fin del conflicto armado en Colombia, grupos criminales empezaron a utilizar puertos colombianos como rutas de salida para la droga, evidenciando la transnacionalización de los mercados de narcóticos, con Estados Unidos como principal mercado consumidor. Señala la paradoja de que la preocupación por el narcotráfico se concentre en la región productora cuando la mayor demanda está en EE. UU.
Dammert, autora de Anatomía del poder ilegal, alerta sobre el aumento del dinero ilícito y la corrupción institucional y sobre la dificultad creciente para identificar pequeñas estructuras criminales que actúan como franquicias de grandes bandas, como el Tren de Aragua en Venezuela, el Primeiro Comando da Capital en Brasil, el Clan del Golfo en Colombia o el CJNG en México.
MILITARES DE EEUU EN LATINOAMÉRICA
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó durante una visita a Panamá que países como Colombia, Guatemala y Honduras habrían permitido a militares estadounidenses realizar operativos terrestres similares a los emprendidos contra narcolanchas, acciones que provocaron la destrucción de embarcaciones y numerosas muertes. Ecuador realizó en marzo misiones conjuntas con EE. UU. tras la designación por parte del gobierno de Trump de más de 20 grupos criminales como organizaciones terroristas.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha mostrado disposición a sumarse al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Trump integrada por 18 países para enfrentar al crimen organizado. El 4 de agosto, Estados Unidos activó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, una estructura militar permanente que coordina a esos países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador y Chile.
Jorge Araya, ex director de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile, considera que la presencia militar estadounidense en la región sería humillante y una pérdida de soberanía, y cuestiona la autoridad moral de EE. UU. para liderar esa tarea dada su propia situación respecto a la delincuencia.
Araya califica al Escudo de las Américas de iniciativa con un sesgo ideológico que recuerda a la Guerra Fría, y opina que persigue intereses de Estados Unidos más que soluciones regionales. Sostiene que las medidas de mano dura y la militarización no resolverán el problema del crimen organizado, que está enraizado en condiciones sociales como la pobreza, la marginalidad y la exclusión.
Por ello, Araya propone también atacar las fuentes financieras del crimen: bloquear cuentas bancarias vinculadas al narcotráfico, fortalecer las investigaciones penales y policiales para identificar a los financiadores, muchas veces ocultos como grandes empresarios o contratistas del Estado, y así cortar las rutas del lavado de dinero ilícito.
