El acuerdo petrolero entre Trump y Delcy Rodríguez no sorprende por completo: el petróleo ha sido históricamente el eje en cualquier estrategia respecto a Venezuela. El problema central es la opacidad. No existen reglas claras sobre cómo se accede al negocio ni detalles públicos sobre la asignación de yacimientos, y esos pozos requieren capacidad extractiva y grandes inversiones que hoy no están garantizadas. Las afirmaciones triunfalistas —”el mejor acuerdo de la historia”— son exageradas si se considera que aún no hay capacidad demostrada para sostener extracción a largo plazo, ni claridad sobre cómo esto resolvería problemas externos como el Estrecho de Ormuz o internos como el precio de la gasolina en Estados Unidos.
Petróleo, legitimidad y dudas sobre estabilidad y democratización
Para Trump, como para muchos actores interesados en Venezuela, el petróleo siempre ha sido el objetivo principal: es la razón por la que el país tiene relevancia estratégica. Desde la mirada estadounidense, la energía es una variable clave para mantener influencia en el hemisferio. Sin embargo, la dimensión política del acuerdo es ambigua. No se contempla de forma explícita una transición democrática; el mensaje público parece más dirigido a la base electoral de Trump que a la promoción de cambios democráticos en Venezuela.
Respecto a los beneficios económicos para la población, la lógica teórica es clara: las empresas petroleras generan empleo y tributos, y Venezuela tiene una tradición de régimen fiscal que canaliza gran parte de la renta al Estado para redistribuir. Pero en la práctica no hay transparencia sobre cómo sería la fiscalidad aplicable, ni sobre los montos reales de inversión y recaudación anunciados. La nueva ley de hidrocarburos facilita la entrada de empresas, pero sin reglas públicas y garantías, es difícil saber quién controlará los ingresos y cómo se vincularán esos recursos con la reconstrucción y el bienestar social.
Sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez, su posición se ve debilitada: su reconocimiento internacional y popularidad son limitados, y su capacidad para comprometer recursos petroleros a largo plazo genera preguntas legales y políticas, especialmente ante la Constitución venezolana que establece que los yacimientos pertenecen al Estado. Firmar contratos a muy largo plazo desde una posición de escasa legitimidad plantea riesgos y fragilidades.
Existe el riesgo de que Estados Unidos consiga estabilizar y rentabilizar la industria petrolera venezolana sin promover una verdadera democratización. La estabilidad autocrática es posible, pero cara: requiere recursos y tiene costos reputacionales para EEUU. En un país con tradición democrática, la vía más barata y sostenible para atraer mercados serios es garantizar seguridad jurídica y el imperio de la ley, no la gestión discrecional por parte de actores sin legitimidad.
En conclusión, el acuerdo abre la puerta a inversores privados —algunos sólidos, otros menos— pero, tal como está planteado públicamente, favorece la entrada de aventureros más que la de mercados serios respaldados por seguridad jurídica y transparencia. Sin estas condiciones y sin compromisos claros con la rendición de cuentas y la democracia, el riesgo es que el petróleo sirva para sustituir una relación de poder por otra, sin garantizar que los beneficios lleguen a la población venezolana.
