El oficialismo consiguió que el Consejo de la Magistratura mantuviera abierta la investigación contra el juez Raúl Ojeda, quien había dictado una medida cautelar en favor de la CGT. El expediente, impulsado por el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), generó críticas de asociaciones de jueces y abogados laboralistas que advirtieron sobre el riesgo de un efecto disciplinador sobre la función judicial.
La ofensiva contra el magistrado sumó un nuevo capítulo cuando avanzó en el Consejo el trámite que inició el MEAB para indagar su actuación. Ojeda había dictado una cautelar que suspendió en forma inicial más de 80 artículos de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El expediente, presentado en abril, se mantuvo en curso después de que el bloque oficialista consiguiera los votos necesarios en la Comisión de Acusación para impedir su archivo. El diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca emitió el voto clave que permitió continuar la investigación, en contra del pedido de sobreseimiento impulsado por la diputada y representante sindical Vanesa Siley.
La decisión habilitó al organismo a avanzar en la producción de pruebas y profundizó la inquietud de sectores judiciales, que cuestionan que un juez pueda ser sometido a un proceso disciplinario por el contenido de una resolución dictada en el ejercicio de sus funciones.
El Movimiento Empresarial Antibloqueos, en el centro de la disputa
La presentación contra Ojeda fue promovida por el MEAB, una organización que agrupa a empresarios y dirigentes políticos vinculados al oficialismo. Entre quienes han figurado como referentes aparecen la diputada Verónica Razzini, la senadora Patricia Bullrich y la dirigente Florencia Arietto.
El espacio se formó en 2021 en el marco de conflictos entre empresas y sindicatos, y centró su actividad pública en denunciar bloqueos y medidas de fuerza gremiales.
Su reconocimiento institucional enfrentó obstáculos: el trámite para inscribirse como asociación civil ante la Inspección General de Justicia fue rechazado, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa decisión al entender que el objeto de la entidad atentaba contra el bien común al orientar su acción hacia la criminalización de la organización sindical y del ejercicio de derechos laborales.
Finalmente, el movimiento obtuvo un reconocimiento con alcance limitado en la provincia de Santa Fe, pero no la personería de alcance nacional que había solicitado.
Los antecedentes de los conflictos sindicales
Entre los casos vinculados al MEAB se cita el conflicto en Lácteos Vidal, en Carlos Casares, que enfrentó a la empresa con el sindicato de la industria lechera (Atilra). La disputa se inició por reclamos laborales y de recategorización, y derivó en despidos y denuncias por bloqueos.
La empresaria Alejandra Bada Vázquez se convirtió en una de las figuras más visibles del espacio y recibió respaldos públicos de dirigentes como Patricia Bullrich.
El caso también estuvo marcado por denuncias relacionadas con amenazas a trabajadores y por señalamientos posteriores sobre posibles vínculos económicos con el empresario Alfredo “Fred” Machado, quien es investigado por presuntas conexiones con el narcotráfico.
Otro antecedente citado fue el conflicto entre el sindicato de Camioneros de San Nicolás y una empresa de distribución, en el que el dirigente Maximiliano Cabaleyro y seis trabajadores fueron absueltos tras un proceso que incluyó años de prisión preventiva para el sindicalista.
Rechazo de jueces y abogados laboralistas
El avance del expediente contra Ojeda motivó pronunciamientos de organizaciones del ámbito judicial. La Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), entre otras entidades, rechazaron el proceso y alertaron sobre los riesgos de usar mecanismos disciplinarios para cuestionar decisiones jurisdiccionales.
Esas asociaciones sostienen que la investigación está vinculada de manera directa con una resolución judicial que favoreció a la CGT en su demanda contra la reforma laboral, y advierten que se podría configurar un mecanismo de presión sobre los magistrados que afecte la independencia judicial.
La preocupación se centra en las posibles consecuencias para la protección de derechos colectivos y garantías constitucionales cuando se abre una indagación por el contenido de una sentencia. Aunque el Consejo de la Magistratura puede evaluar la conducta y el desempeño de los jueces, la apertura de una investigación no implica por sí misma que existan fundamentos suficientes para una destitución.
La cautelar contra la reforma laboral y la disputa judicial
Ojeda intervino en la causa que presentó la CGT contra diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral. En marzo de 2026 dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 disposiciones señaladas por la central sindical.
El Gobierno respondió con presentaciones judiciales para revertir la cautelar y cuestionó la competencia del fuero laboral. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar, por lo que la reforma volvió a quedar vigente mientras sigue el debate sobre su constitucionalidad.
La controversia continuó: en octubre, la Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 79 y 94 de la reforma en un caso concreto vinculado a trabajadores despedidos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), lo que reabrió la discusión sobre el alcance de los cambios en la competencia de los tribunales laborales.
La causa promovida por la CGT contra distintos artículos de la ley sigue su camino judicial y aún no existe una resolución definitiva sobre el conjunto de las impugnaciones.
Una disputa que excede la situación del juez Ojeda
El avance del expediente contra Ojeda forma parte de un enfrentamiento más amplio entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial en torno a la aplicación de la reforma laboral. Mientras el oficialismo sostiene que la normativa debe implementarse y reclama medidas contra resoluciones que la bloqueen, sindicatos y asociaciones de abogados defienden la protección de derechos laborales y las garantías procesales.
El caso de Ojeda pone en tensión cuestiones sobre los límites de la revisión judicial, la independencia de los magistrados y el uso de mecanismos disciplinarios. El proceso en el Consejo de la Magistratura continúa abierto y su desenlace podría influir en el equilibrio entre las decisiones de política pública y el control judicial.
