Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a uno de sus fiscales principales, en el marco de una campaña para debilitar al tribunal, al que acusa de intentar procesar injustamente a militares de Estados Unidos e Israel por presuntos crímenes en Afganistán, Irak y Gaza.
El Departamento de Estado informó que el martes sancionó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, y al abogado de la CPI Abdoulaye Seye, originario de Senegal; las medidas congelan cualquier activo que tengan en jurisdicciones estadounidenses o que se relacione con el sistema financiero de Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que “el gobierno de Trump ha sido claro: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato” y añadió que “no toleraremos su ataque a la soberanía de los Estados”.
Se trata de la medida más reciente de la administración estadounidense contra la CPI, que, según Washington, se ha excedido en su mandato al investigar o enjuiciar a soldados, comandantes y funcionarios políticos de países no miembros del tribunal, como Israel y Estados Unidos.
La CPI respondió de inmediato, como ha hecho ante acciones anteriores del gobierno de Trump, y sostuvo que las sanciones impuestas por Estados Unidos “socavan el Estado de derecho”.
Añadió que “cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo”.
