Hay noches electorales que premian o castigan a líderes y partidos, que redistribuyen el poder y provocan sacudidas globales. Y hay noches, pocas, que marcan el inicio o el final de una era. La del martes en Estados Unidos probablemente pertenece a esta última categoría. Durante dos años, Donald Trump ha gobernado con escasas limitaciones, respaldado por un partido que priorizó la lealtad personal. Parecía inmune a las críticas y a las crisis, incluido el asalto al Capitolio; ahora esa sensación de invulnerabilidad se ha visto cuestionada.
En una jornada histórica, el Partido Demócrata consiguió una victoria contundente. Un “tsunami azul”, en términos estadounidenses, y un revés claro para el presidente. Convirtieron las elecciones en un plebiscito que perdieron. Aunque los cómputos definitivos pueden tardar días o semanas, los progresistas han recuperado el control de ambas cámaras del Congreso de forma inequívoca, y han sumado cargos clave a nivel estatal y judicial. Las encuestas, especialmente las de la última semana, reflejaron el descontento y acertaron en el pronóstico de una victoria neta que ha debilitado al trumpismo.
Los demócratas tendrán, como mínimo, 54 de los 100 escaños del Senado, y aspiran a dos más, frente a los 44 republicanos contabilizados hasta ahora. En la Cámara de Representantes ya tienen asegurados 237 escaños, 20 más de los necesarios para la mayoría, y podrían añadir entre 20 y 30 escaños adicionales en los próximos recuentos. Son mayorías suficientes para articular una oposición sólida y supervisar al Ejecutivo. «Too big to rig», celebró el probable próximo speaker, Hakeem Jeffries. La victoria es tan amplia que dificulta sostener alegatos generalizados de fraude, pese a los intentos de difundir rumores durante la jornada electoral.
Los nuevos votantes —nacidos con Obama en la Casa Blanca y que han vivido la era Trump en la cobertura mediática— son parte de un cambio generacional. Lo importante de la noche va más allá de cifras puntuales y del rechazo a un estilo político: un presidente puede sobreponerse a una derrota electoral, pero pierde poder cuando su propio electorado lo identifica como el problema. La gran novedad de estas midterms es que en Washington la pregunta ya no es si alguien se atreverá a desafiar al líder, sino quién será el primero y cuándo, porque la paciencia se ha agotado.
El vuelco supera las expectativas más optimistas del partido. Para recuperar el Congreso, los demócratas vencieron en feudos tradicionalmente republicanos: Texas no elegía un senador demócrata desde finales de los 80; Kansas no lo hacía desde 1932; hubo giros en Carolina del Norte, Ohio, Maine y en partes rurales de Iowa. Al cierre de esta edición, incluso Alaska y Mississippi podían inclinarse hacia los demócratas. Son estados que en 2024 habían dado a Trump ventajas de 10 o 15 puntos o más.
Además, defendieron plazas clave como Michigan y Georgia y ahora controlan el gobierno en nueve de los diez estados más grandes y poblados del país. Recuperaron con fuerza el voto latino y avanzaron entre los jóvenes. La noche dejó también hitos representativos: la primera gobernadora negra en un estado, la primera gobernadora hispana en Texas, la primera gobernadora nativa americana en Nuevo México y representantes históricos en el Senado, como el primer senador abiertamente gay y el primer senador musulmán.
El resultado impulsa ya la carrera hacia 2028, con candidatos de ambos partidos posicionándose. El primer paso lo dio el vicepresidente JD Vance el miércoles, atribuyendo la derrota a la guerra con Irán y proponiendo un giro hacia lo doméstico, alejándose de compromisos internacionales; al mismo tiempo, figuras demócratas revalidadas se sitúan como posibles aspirantes.
El segundo efecto es el contraataque institucional. A partir de enero, los demócratas contarán con las mayorías y los instrumentos necesarios no sólo para construir una oposición visible, sino para supervisar al Ejecutivo: abrir investigaciones, bloquear nombramientos y condicionar la agenda legislativa. Muchos que antes guardaban silencio por temor ven ahora una oportunidad para actuar.
El congresista californiano Robert García, hasta hace poco número dos del Comité de Supervisión de la Cámara, emitió un comunicado tras la victoria demócrata. García, que asumirá la presidencia del Comité, se comprometió a «combatir a la familia criminal Trump, la corrupción corporativa, los abusos del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, y el encubrimiento de los archivos de Epstein». Su mensaje final fue breve: «Lawyer up». Es una llamada a preparar recursos legales.
El Congreso dispone de herramientas poderosas si decide activarlas; históricamente ha funcionado como un contrapeso eficaz. La prioridad progresista es desmontar el trumpismo de cara a 2028, y por eso la nueva mayoría no sólo usará su poder para contrarrestar políticas económicas o arancelarias, o para condicionar la respuesta a conflictos externos, sino también para investigar al presidente y a su entorno, por vías civiles y penales si procede.
Desde enero de 2027 podrán bloquear iniciativas legislativas, frenar o condicionar nombramientos y lanzar una intensa ofensiva de supervisión e investigación. Esto incluye la posibilidad de procedimientos de impeachment que podrían llevar a la destitución. El foco principal serán las pesquisas parlamentarias sobre posibles casos de corrupción, conflictos de interés y abuso de poder, así como las actividades empresariales del presidente, sus familiares y aliados. Podrán citar a responsables de agencias, traer a funcionarios a audiencias públicas y solicitar documentación; entre los nombres señalados por ahora figuran, según el debate público, el secretario de Defensa y el director del FBI, aunque la lista de objetivos potenciales es amplia, especialmente en el Departamento de Justicia.
El tercer melón es el más incierto: la reacción del presidente. El miércoles dijo que trabajaría con sus rivales, pero también publicó en su red social una imagen de la gorra roja clásica de MAGA con la palabra VETO. Ese será su recurso si le bloquean leyes, nombramientos y financiación. Según contó a periodistas, no desea pasar sus últimos dos años «simplemente sentado y sólo bloqueando leyes». Muchos, especialmente fuera de EEUU, temen que esa impotencia interna pueda traducirse en una política exterior más agresiva. Tras una década de ataque, ahora se ve obligado a defenderse. Tiene 80 años, problemas de salud y dificultades para mantener un discurso coherente: conserva un poder institucional muy grande, pero su margen de maniobra se ha reducido. Es, en términos políticos, un pato cojo.
