La condena a cadena perpetua de Hui Ka Yan, fundador de Evergrande Group, trasciende un caso empresarial y tiene implicaciones políticas. El Gobierno de China ha lanzado un plan para reordenar el modelo inmobiliario que sustentó su crecimiento económico pero que ahora amenaza a millones de familias. A finales de agosto, tras el veredicto, Pekín presentó un paquete de reformas para un sector afectado desde la crisis de Evergrande en 2021. Entre las medidas figuran la autorización de hipotecas de hasta 40 años, préstamos de hasta siete años a las promotoras para adecuarse a los plazos reales de construcción y la posibilidad de pagar el suelo en plazos en lugar de al contado.
La reforma central ataca el mecanismo que provocó el colapso de Evergrande: las «preventas», mediante las cuales se vendían pisos antes de construirlos y se empleaba ese dinero en otros fines. El cambio obligará a las promotoras a completar la estructura principal del edificio antes de vender y a que los pagos de los compradores queden bloqueados en cuentas de garantía hasta la entrega de la vivienda.
Para los hogares, la medida más visible será la oferta de hipotecas a 40 años, que reduce las cuotas mensuales y puede aliviar la presión financiera de muchas familias para las que comprar una vivienda es un símbolo clave de progreso social e incluso un requisito no escrito para casarse. Pero ese alivio a corto plazo conlleva un riesgo: comprometerse a décadas con un banco en un país cuyo futuro demográfico y económico es incierto.
Surge así una pregunta fundamental: ¿cómo será China en 2066? Proyecciones de Naciones Unidas y de la Oficina Nacional de Estadística de China anticipan un marcado descenso de la población y un envejecimiento acelerado. Se estima que en la década de 2060 los nacimientos caigan por debajo de seis millones anuales, que los fallecimientos alcancen entre 15 y 17 millones y que el segmento de 65 años o más represente alrededor del 37,2% de la población.
Cómo se gestionará la transición
No obstante, algunos analistas ven oportunidades. Investigadores citados por Scientific American sugieren que una población menor y estable, cercana a los mil millones hacia 2100, podría sostener una mayor prosperidad per cápita si China gestiona bien la transición y garantiza el cuidado de los mayores. Todas las teorías coinciden en la urgencia de reformas, y esa es precisamente la dirección que está tomando Pekín en el sector inmobiliario.
Aunque la reducción demográfica no implique necesariamente mayor pobreza, el desafío será real: menos trabajadores, más jubilados y una generación que observa cómo la vivienda que garantizó el futuro de sus padres pasa a ser un problema social y económico.
Según la agencia estatal Xinhua, tras las reformas inmobiliarias las operaciones de vivienda de segunda mano registradas en la plataforma Beike en Shenzhen entre el 1 y el 6 de septiembre crecieron un 20% respecto al mismo periodo de agosto. Agentes del mercado han calificado la recuperación como un «septiembre dorado».
Aún no está claro si esa tendencia se replica en otras ciudades ni si se mantendrá en el tiempo. Tampoco se sabe si las reformas bastarán para devolver al sector su antiguo papel central. Si no es así, cabe preguntarse qué sustituirá al ladrillo como fuente de empleo, ahorro, consumo y sensación de seguridad.
Una posible respuesta es el impulso a la industria automatizada y a la tecnología. China produce cada vez más coches eléctricos, baterías, semiconductores y otros bienes que requieren mercados. Si la demanda interna no es suficiente, las fábricas buscarán clientes en el exterior, y entonces el problema dejará de ser exclusivo de China.
