La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, dictó una orden preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las próximas elecciones de medio mandato en nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
La orden prohíbe estas actividades cuando afecten a personas que las autoridades “saben, sospechan o deberían razonablemente saber o sospechar que son ciudadanos estadounidenses”. También bloquea operaciones basadas únicamente en registros del sistema TECS generados por la “Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes” contra individuos considerados presuntamente ciudadanos. La medida estará vigente hasta las 20:00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026, momento del cierre de las urnas.
La resolución frena la llamada “Iniciativa de Votantes Ilegales”, lanzada en agosto de 2026 dentro de la priorización de la administración Trump contra el fraude electoral, mediante la cual el DHS ordenó a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) interrogar sobre la elegibilidad de votantes en esos estados.
DATOS DEFECTUOSOS Y TEMOR RAZONABLE
La demanda fue presentada, entre otros, por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United (CNA/NNU), la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. La jueza consideró que el sindicato de enfermeras tiene altas probabilidades de éxito en su alegación de que las acciones del Gobierno violan la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación destinada a disuadir la asistencia y movilización de votantes.
Según la resolución, el Gobierno creó listas de objetivos a partir de casi 100 millones de registros procedentes de diversas fuentes. La jueza señaló una “alta probabilidad de error” al depurar esas listas por la ausencia de una base de datos federal de ciudadanía, lo que habría ocasionado la inclusión involuntaria de ciudadanos estadounidenses entre los objetivos de investigación.
El tribunal concluye que el uso de datos inexactos, unido al despliegue de agentes armados en domicilios y la difusión en redes sociales de arrestos por parte del DHS, genera un temor “objetivamente razonable” de persecución legal y policial. Esa intimidación, según la resolución, llevó a ciudadanos estadounidenses vinculados a las campañas de las organizaciones demandantes a dejar de realizar tareas de movilización, educación y asistencia a votantes por miedo a ser investigados o detenidos por error.
La jueza Martínez-Olguín consideró que el interés público en unas elecciones seguras y libres de intimidación supera, en este caso, el interés del Gobierno federal en investigar el fraude mediante los métodos impugnados. La suspensión de las operaciones entró en vigor a las 17:00 horas (hora local) del viernes 23 de octubre.
