Documentos oficiales del Banco Provincia indican que las cuentas de la fiduciaria del complejo «Estrella del Sur» no tienen liquidez suficiente para cubrir embargos judiciales; las retenciones anteriores impiden cobrar las sentencias.
El caso conocido como el «Elefante Blanco» de Avellaneda —el conjunto de cuatro torres sin terminar en Avenida Hipólito Yrigoyen 800— suma un nuevo episodio de incertidumbre. Informes remitidos por el Banco Provincia al Juzgado Civil N° 27 (Secretaría N° 53) señalan que las medidas ejecutivas contra Provincia Fideicomisos S.A.U. no pueden cumplirse completamente porque las cuentas de la fiduciaria carecen de fondos disponibles.
La confirmación, difundida en grupos de redes sociales de víctimas del proyecto, generó alarma entre más de 900 compradores y adherentes que litigan desde la paralización del emprendimiento en 2014, ya que pone en duda la capacidad de la entidad para satisfacer las numerosas sentencias favorables a los damnificados.
Cuentas sin saldo y embargos en lista de espera
Los oficios judiciales muestran la imposibilidad del banco para retener la totalidad de los montos requeridos por los tribunales en las demandas colectivas de los damnificados:
Oficio del 4 de junio: ante un embargo ordenado hasta alcanzar $27.000.000 y USD 18.641,65, el Banco Provincia retuvo solo $4.526.859,65 y USD 6.201,49; el resto quedó registrado «a la espera de captar futuros depósitos».
Oficio del 16 de septiembre: frente a un nuevo pedido cautelar por $30.000.000 y USD 25.184,47, la entidad comunicó que no pudo trabar la retención debido a embargos preexistentes que deben satisfacerse antes del nuevo requerimiento.
Ese panorama genera un cuello de botella financiero: las órdenes judiciales posteriores quedan postergadas en una fila de cobro hasta que ingresen fondos suficientes.
Malestar entre los frentistas y división por las estrategias legales
A más de una década del estancamiento del megaemprendimiento, la causa reúne más de 200 demandas patrocinadas por distintos estudios y alrededor de cincuenta sentencias de primera instancia confirmadas por la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
La dificultad para ejecutar los embargos reavivó disputas entre los damnificados. Una parte aceptó acuerdos extrajudiciales por montos reducidos para cerrar sus reclamos; otra parte continúa litigando para obtener la restitución total de sus aportes y las indemnizaciones, pero ahora enfrenta la imposibilidad práctica de cobrar las sentencias.
Ante la falta de liquidez en las cuentas de la fiduciaria, referentes de las familias afectadas exigen respuestas sobre el destino de las garantías y sobre la responsabilidad del banco en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
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