El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para analizar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de modificar los coeficientes zonales que determinan las tarifas del servicio. Durante su intervención, Katopodis criticó los aumentos propuestos por el gobierno nacional y advirtió que podrían provocar la paralización de las obras necesarias para ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según informó, acudió en representación del gobernador Axel Kicillof y de la población bonaerense para rechazar el aumento tarifario y cuestionar la política de privatización del servicio. Katopodis afirmó que la venta de AySA beneficiaría a grupos económicos vinculados al gobierno nacional y trasladaría las consecuencias económicas a usuarios de 26 municipios bonaerenses y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La propuesta de AySA contempla un aumento promedio del 22,6% para alrededor del 60% de los hogares de la Ciudad y el conurbano bonaerense; de aprobarse, cerca de 2 millones de hogares pasarían de pagar $29.116 mensuales más impuestos a $35.710, con valores de septiembre de 2026 y sin considerar futuras actualizaciones por inflación. En los últimos tres años, las tarifas de AySA subieron un 555% en términos nominales y la recaudación por el servicio creció un 135% en términos reales, mientras que la inversión en obras de agua y saneamiento cayó un 75% real.
Esa reducción de inversión se traduce en paralizaciones: entre 2019 y 2023 AySA finalizó 1.307 obras; en diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución, pero en mayo de 2026 ninguna registraba avance físico y no se habían iniciado nuevos proyectos por parte del gobierno nacional. El informe destaca el impacto social: en el AMBA, 3,7 millones de personas (24,5%) no tienen acceso al agua de red y 5,5 millones (36,4%) no cuentan con servicio de cloacas. La Provincia de Buenos Aires cuestiona la política tarifaria porque, a su juicio, aumenta el costo para los usuarios sin garantizar las inversiones necesarias. Subraya que el acceso al agua potable y al saneamiento es un servicio esencial para la salud pública y el desarrollo comunitario, y sostiene que cualquier ajuste tarifario debe acompañarse de un plan de obras e inversiones que amplíe la cobertura y asegure el acceso a estos servicios.
