Logroño es una localidad de la provincia de Santa Fe con alrededor de mil habitantes, ubicada en el noroeste provincial, en el departamento 9 de Julio. La suspensión de un proyecto algodonero por incumplimientos legales frenó la principal expectativa de empleo para la comunidad y dejó al pueblo en una situación de incertidumbre económica y social.
El conflicto se originó cuando el Ministerio de Ambiente de Santa Fe inició acciones contra la empresa Algoservicio S.A., que promovía la instalación de una planta de desmotado de algodón en la zona.
La compañía compró terrenos en Logroño a fines de 2024 y, a comienzos del año siguiente, comenzó tareas de desmonte sin la autorización correspondiente. En ese proceso se talaron cerca de 50 hectáreas de bosque nativo, en presunta infracción de la Ley de Bosques.
Fuentes provinciales señalaron que, tras una primera advertencia del Ministerio de Ambiente, la empresa continuó las obras y, dos meses después, avanzó con la instalación de la planta pese a no contar con los permisos exigidos.
Las áreas afectadas estaban catalogadas como categoría I, es decir, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; la normativa prohíbe incluso la extracción de ramas o hojas. El caso llegó a la Justicia y, en marzo de 2025, el emprendimiento fue clausurado.
En esa etapa, tanto la firma como las autoridades locales reconocieron el daño ambiental. Lo que siguió fue la paralización de inversiones y obras que muchos vecinos vinculaban a una mejora en las oportunidades laborales del pueblo.
“La realidad expulsa a nuestros jóvenes. Hay familias que están considerando una comida al día. Madres solteras que toman decisiones muy duras para poder alimentar a sus hijos”, expresó Mariana Cardozo, presidenta comunal de Logroño.
En diálogo con medios, Cardozo describió la situación como “muy difícil” y señaló que, además del daño ambiental, la paralización privó al pueblo de una fuente de trabajo clave.
Como respuesta, los vecinos redactaron un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, que están difundiendo para impulsar la apertura de una mesa de diálogo entre las partes.
El documento fue firmado por más de 300 personas —casi un tercio de la población de Logroño— y cuenta con el respaldo de clubes, escuelas, cooperadoras, comercios, organizaciones sociales y once jefes comunales del departamento.
Los firmantes aclararon que su intención no es desconocer la Ley de Bosques ni cuestionar la intervención judicial, sino buscar alternativas para resolver el conflicto productivo y social que dejó la clausura.
Solicitan instancias de debate público y mecanismos de participación ciudadana que permitan considerar, antes de la implementación de proyectos de alto impacto ambiental, las consecuencias sobre la región.
En su planteo apelan además al Decreto 15/2025, firmado por el gobernador, que promueve inversiones y desarrollo productivo, y piden que se evalúen soluciones compatibles con la normativa ambiental y las necesidades locales.
La presidenta comunal fue tajante sobre la responsabilidad empresarial: “La empresa cometió un error grave y en eso somos claros”.
Agregó también: “Defendemos el cuidado del ambiente. Pero también tenemos que hablar de las personas. Esta planta podía generar alrededor de 50 puestos de trabajo directos, con ingresos importantes para una comunidad como la nuestra. El daño ya está hecho y hoy los que sufrimos las consecuencias somos los vecinos”.
En el texto dirigido a las autoridades, los vecinos describen carencias estructurales previas: falta de gas natural, ausencia de redes cloacales y la inexistencia de industrias que ofrezcan empleo estable. Señalan que la infraestructura básica sigue siendo incompleta y que la clausura no es solo una obra frenada, sino la pérdida de opciones productivas para todo el pueblo.
Desde Algoservicio S.A. reconocieron la infracción a la Ley de Bosques y manifestaron su disposición a acompañar la búsqueda de alternativas que permitan superar la situación, según comunicaron fuentes vinculadas al caso.
La reacción oficial y judicial
En septiembre del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe resolvió clausurar el emprendimiento tras comprobar actividades empresariales que no contaban con las habilitaciones exigidas por la normativa provincial ni con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
“No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción y el trabajo, pero siempre dentro del marco de la ley”, afirmó el ministro Enrique Estévez en ese momento.
La denuncia del Ministerio motivó a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a impulsar una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En ese marco, el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado dictó una medida cautelar que prohíbe cualquier intervención en el bosque nativo de Logroño y ordena el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción presentes en el predio sin autorización.
