Argentina rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF en 2012 que solicitaban información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.
“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Cabe recordar que en enero de 2025 la jueza Preska había ordenado al país entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo; el monto a pagar ascendía entonces a USD 18.000 millones al contabilizar intereses. Entre los datos pedidos figuraba información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos.
Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado, señalaron: “Nosotros cumplimos con un proceso de discovery que fue exhaustivo y agotador. El nivel de cooperación y la actuación de buena fe por parte de la República Argentina a lo largo de este proceso han sido realmente significativos”.
Además, explicaron que la legislación argentina establece que el Banco Central es un ente autárquico, por lo que la Procuración no tiene la potestad ni la competencia para informar sobre asuntos de la autoridad monetaria; indicaron también que sus reservas tienen inmunidad y no son embargables.
Desde la Procuración consideran que los pedidos judiciales son excesivos y describen la situación como “acoso procesal” por la reiteración de requerimientos.
En diciembre, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, solicitó formalmente a la jueza Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuesto incumplimiento de órdenes, tras la entrega por parte de Argentina de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios.
Un informe de Latam Advisors indicó que los acreedores notificaron a Preska su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato, alegando la presunta omisión de ciertas comunicaciones “off-channel” que, según el Gobierno, están fuera de su control. Los acreedores pidieron un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026.
Burford busca medidas que incluyen sanciones civiles, multas diarias de un millón de dólares y que se declare al Estado como alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas) para facilitar embargos sobre sus activos.
Este jueves está prevista una audiencia, acordada antes del pedido de sanciones. Desde la Procuración afirman que la postura de Argentina será más firme e intransigente que en instancias previas y que intentarán apelar a la razonabilidad de la jueza Preska, cuya actuación ha permitido el avance de pedidos por parte de Burford.
Tras el descargo presentado hoy en rechazo a la entrega de información sobre el oro, Burford tendrá la posibilidad de efectuar un nuevo descargo el 19 de febrero. Según fuentes oficiales, así se van abriendo puntos puntuales dentro del pedido de sanciones, que probablemente se tratará hacia fines de marzo.
Las autoridades creen que los beneficiarios del fallo buscan ejecutar la sentencia lo antes posible, ante el riesgo de que la Corte de Apelaciones pueda revertirla. En ese marco, ya iniciaron varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado posee en YPF (51%).
En la Procuración también remarcaron el negocio para Burford y sus accionistas: adquirieron los derechos de litigio por USD 16 millones y aspiran a cobrar USD 16.000 millones, lo que supone una rentabilidad extraordinaria. “Este dato es relevante porque esa diferencia sale del bolsillo de los argentinos”, destacaron.
