Cuatro hombres y una empresa de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, están procesados tras la incautación de 357.210.000 pesos hallados ocultos en una camioneta que viajaba desde Chaco hacia la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de la primera formalización en la jurisdicción por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos con participación societaria.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista (Santa Fe) y comprende medidas patrimoniales y restricciones personales destinadas a asegurar bienes y garantizar la presencia de los imputados en el proceso, según informó el portal Fiscales.gob.ar.
El juez de garantías Aldo Mario Alurralde ordenó un embargo cautelar por 2.000 millones de pesos y dispuso el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad por plazos de 180 y 90 días, respectivamente, para garantizar eventuales penas, decomisos e indemnizaciones.
Esas medidas alcanzan tanto a los imputados como a la sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos, de la cual dos socios figuran entre los acusados.
El operativo que inició la causa tuvo lugar el 28 de marzo de 2025 en la Ruta Nacional N°11, a la altura de El Timbó, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Toyota Corolla Cross conducido por F.E.V.
Los gendarmes advirtieron “irregularidades estructurales” en el vehículo y, tras notificar a la fiscalía de turno, lo revisaron en presencia judicial. Allí encontraron compartimentos modificados con fajos que sumaban 357.210.000 pesos.
Según consta, ante la constatación, F.E.V. pidió a los agentes que no dañaran la camioneta y mostró cómo retirar piezas del tablero; al hacerlo, quedaron a la vista los espacios donde estaban ocultos los billetes, ubicados detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la guantera y en la zona de la palanca de cambios.
La audiencia de formalización se realizó el 27 de febrero de 2026, con la participación del fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda. En ella se describió que la empresa intervenida funcionaba como pantalla para el traslado sistemático de dinero, con viajes reiterados a provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires sin respaldo de actividad comercial que justificara esa frecuencia.
El Ministerio Público Fiscal concluyó que entre 2024 y 2025 los acusados efectuaron de forma continua operaciones de compra y venta de dólares y euros sin la autorización correspondiente, utilizando la estructura societaria para dar apariencia de legitimidad a fondos cuyo origen no pudo acreditarse.
En un allanamiento a la sede de la firma en Resistencia se secuestraron maquinaría para conteo de billetes, recibos, pagarés y llaves de distintos vehículos, elementos que la fiscalía incorporó como prueba de la operatoria financiera clandestina.
La estrategia investigada incluía la confección previa de un documento notarial titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, fechado el 20 de marzo de 2025 y con un límite declarado de 800 millones de pesos, que según el fiscal Salum buscaba simular legitimidad en caso de detectarse un traslado.
La pesquisa identificó a P.M.T. como propietario del vehículo y miembro de la empresa; el conductor actuaba como nexo con clientes, contactados por teléfono y atendidos en las oficinas de la firma; y C.E.F. fue señalado como coautor en el delito de lavado de activos.
Debido a la magnitud y complejidad del expediente —caracterizado por su alcance interjurisdiccional y la sofisticación de la maniobra—, el juez Alurralde fijó un plazo de un año para el avance de la investigación y autorizó la totalidad de las medidas probatorias y restrictivas solicitadas por la fiscalía.
