El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el presidente Javier Milei debe modificar su programa económico porque, a su juicio, resulta insostenible. Lo dijo durante la conferencia de prensa habitual del lunes, que presidió junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.
Al repasar la situación económica, productiva y social del país, Bianco sostuvo que, según datos oficiales, en febrero la actividad económica cayó 2,6% (2,1% interanual), con la industria manufacturera y el comercio —los dos sectores que más empleo generan— como los más afectados. Señaló además descensos en el consumo de productos básicos de la canasta alimentaria, como los lácteos (-8% en febrero) y la carne vacuna (-10% en marzo), y una baja de 6,6% interanual en las ventas minoristas en marzo.
Bianco también indicó que desde el inicio de la gestión de Milei más de 24.000 empresas cerraron, y que en el último año las políticas económicas del Gobierno nacional habrían provocado la pérdida de 124.000 puestos de trabajo. Remarcó que desde su espacio vienen advirtiendo que ese modelo y esas medidas no son sostenibles y dificultan que los argentinos puedan trabajar y mantener una vida digna.
El ministro presentó además una actualización de las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia, que incluyen obligaciones directas, saldos correspondientes a obras públicas abandonadas y discontinuidades o retrasos en la ejecución de programas nacionales.
Bianco precisó que el total por esos rubros asciende a 16,7 billones de pesos. Si se añaden las caídas en los recursos de origen nacional que deberían haber llegado a la provincia y las pérdidas de recursos provinciales por menor recaudación derivada de la crisis económica, el desfinanciamiento que, según su cálculo, le ha causado el gobierno de Milei a la Provincia llega a 24,6 billones de pesos. “Eso es lo que Milei le ha robado a la Provincia de Buenos Aires”, afirmó, y agregó que ya presentaron diversas demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, a su juicio, el Gobierno nacional no responde ni asume sus obligaciones.
