Este debate requiere claridad: la información es pública y permite evaluar la medida con hechos. La Ordenanza de Limitación de Alturas y Perfiles busca poner reglas a un modelo de desarrollo que funcionó durante años sin normas precisas y con beneficios concentrados. Según la zonificación vigente, la altura máxima prevista es: Tigre Centro hasta 12 pisos; Rincón de Milberg, Troncos del Talar y El Talar 6 pisos; Benavídez, Ricardo Rojas y General Pacheco 8 pisos; Don Torcuato 5 pisos; Dique Luján 3 pisos; y La Bota 2 pisos, con prohibición expresa de torres. El Casco de Pacheco mantiene su protección.
Eso es lo que se votó. El Artículo 12 define los puntos centrales: límites por zona, perfiles edilicios, control de volumetría, condiciones de implantación, resguardo de la densidad y la obligación de respetar el entorno construido y natural.
Además se incorpora un requisito concreto que antes no se exigía de forma generalizada: una cochera por unidad funcional. Hay también una norma que condiciona el avance de las obras al cumplimiento de los requisitos establecidos; si no se cumplen, la obra no puede seguir. Al mismo tiempo, se reconoce una deuda estructural: la infraestructura no acompañó durante décadas el crecimiento poblacional. Faltan cloacas, falta red de agua en sectores y son necesarias obras para mejorar la capacidad vial y la transitabilidad.
Precisamente por esa situación, la ordenanza no solo es adecuada, sino necesaria. Permitir desarrollos sin ordenar alturas, densidades y perfiles habría agravado los problemas de servicios y movilidad. La norma actúa como freno a la expansión descontrolada hasta que el crecimiento pueda sostenerse con la infraestructura y la planificación correspondientes.
El Artículo 17 completa el marco de cumplimiento: busca asegurar que lo aprobado se respete en los términos previstos y evitar interpretaciones que amplíen permisos o permitan obras que no se ajusten a la normativa.
Presentar la ordenanza como un problema técnico desconectado de su contenido real es una estrategia que distrae del texto aprobado. Lo sencillo habría sido mantener el statu quo; lo responsable fue establecer límites y reglas claras. Muchas críticas se centran más en intereses particulares o posiciones políticas que en el análisis de la norma en sí.
Si se omite el Artículo 12, se interpreta de forma parcial el 17 o se busca instalar alarma sobre efectos inexistentes, el debate pierde precisión. Al leer la ordenanza completa, queda claro qué cambios introduce y quiénes se ven afectados cuando se imponen reglas uniformes. La norma pretende ordenar el desarrollo urbano, proteger a los vecinos y aplicar criterios iguales para todos.
