El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) responsabilizó al Gobierno nacional por recientes episodios de violencia en espacios educativos, que incluyeron un asesinato en Santa Fe y amenazas dirigidas a colegios y centros de educación superior.
En un documento oficial de la UNQ, la ex ministra de Seguridad Sabrina Frederic analiza el contexto de estos hechos junto a Cecilia Elizondo, Leonardo Murolo y Esteban Rodríguez Alzueta.
Según Elizondo, especialista en Educación, en las últimas semanas la discusión sobre la violencia en entornos educativos cobró mayor relevancia tras el tiroteo en la Escuela Normal N° 40 Mariano Acosta de Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo y que dejó un estudiante muerto y ocho heridos. A partir de ese episodio se detectó una escalada de situaciones amenazantes en instituciones: pintadas que anuncian tiroteos, retos violentos viralizados en redes sociales y portación de armas en escuelas. Aunque estos sucesos generaron alarma por afectar niveles primarios y medios, también se registraron llamados a la violencia en universidades, y la comunidad de la UNQ resultó afectada.
Murolo, doctor en Comunicación, señala que la violencia en escuelas, universidades, barrios, familias e instituciones tiene raíces sociales, económicas, culturales, políticas, familiares, institucionales y subjetivas más amplias, y que las plataformas digitales participan en su circulación y amplificación. En esas plataformas pueden expresarse conflictos previos, intensificarse agresiones, organizarse amenazas, producirse hostigamientos colectivos o normalizarse discursos que luego impactan en la vida cotidiana fuera de las pantallas.
Frederic, especialista en Seguridad, observa que la discusión pública sobre las amenazas dejó de lado la responsabilidad de los adultos y del Estado en relación con las armas. Destaca que la responsabilidad recae en adultos convivientes con niños, niñas y adolescentes, y especialmente en quienes ejercen funciones públicas —legislativas, judiciales o ejecutivas— en materia de regulación y control. Señala además que mensajes electorales que promovieron la posesión de armas parecen haber contribuido a una menor atención sobre la necesidad de un control efectivo de la compra, venta, tenencia y portación de armas.
Rodríguez Alzueta, investigador en estudios sociales y culturales sobre violencias, advierte que la falta de acceso a la seguridad y a la justicia puede favorecer la reproducción de la violencia. Recuerda la expansión en años recientes de prácticas punitivas y violentas —como escraches, linchamientos o intentos de linchamiento, quemas o destrozos de viviendas, actos de justicia por mano propia o ataques a patrulleros— y explica que cuando sectores sociales no acceden a la justicia y las denuncias no obtienen respuesta, la violencia tiende a replicarse.
El documento completo puede leerse en este enlace.
