El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra dispuesto a debatir la propuesta que llevará. Los rectores, sin embargo, sostienen que aún no recibieron una llamada formal, rechazan las condiciones planteadas y reclaman la recuperación de los puntos salariales perdidos.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, la iniciativa que presentará el Poder Ejecutivo se basará en la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. “La idea es partir del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, señaló un funcionario.
Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que motivó la gran movilización del miércoles, responden al incumplimiento por parte del Gobierno de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, además de una reducción presupuestaria de $78.768 millones y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Tras la ratificación de la norma sancionada y su posterior veto, y a partir de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Ejecutivo reformuló el proyecto para proponer una actualización salarial escalonada para el personal docente y no docente: un aumento del 4,1% trimestral sobre el sueldo de diciembre de 2025, a aplicarse en marzo, julio y septiembre.
El texto también prevé una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación anual supera el 14,3% proyectado; incorpora además un incremento de $80.072.460.000 en el crédito presupuestario para asistencia financiera a hospitales universitarios. Si los desembolsos exceden las partidas previstas, el exceso se cubriría con refuerzos desde otras jurisdicciones presupuestarias.
Sin fecha para su tratamiento en el Congreso y conscientes de que no cuentan con los votos necesarios para sancionarlo, en el Gobierno confían en alcanzar un acuerdo que evite una intervención de la Corte Suprema. La gestión se articularía a través del Ministerio de Capital Humano, en la subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro Álvarez.
“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, afirmó un dirigente oficialista.
En Balcarce 50 minimizaron en público el impacto de la marcha —que convocó a más de 140.000 personas en Plaza de Mayo—, pero en privado admiten preocupación por la escalada del conflicto y trabajan para hallar una salida que contenga al sector. Algunos interlocutores del oficialismo atribuyen las dificultades al Ministerio de Economía por la negativa a liberar mayores fondos: “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, reconoció un funcionario.
Un referente del ámbito universitario dijo no haber recibido una convocatoria formal del Gobierno, señaló que los gremios deben participar de la negociación y anticipó que rechazará la propuesta por insuficiente. “Queremos que se cumpla la ley original, aunque sea en cuotas. Pasar de 53 puntos a 12 es una vergüenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, declaró.
Desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) coincidieron en que el oficialismo intenta aislar a la casa de estudios y reiteraron que el Ejecutivo “no tiene intención de resolver el conflicto”.
Fuentes universitarias también sostienen que la protesta escaló por tensiones internas en las filas del oficialismo: aseguran que en febrero el asesor presidencial Santiago Caputo había alcanzado un acuerdo con el sector antes del inicio de las clases, pero que ese entendimiento fue congelado por decisiones de la Cámara de Diputados, atribuibles según esas versiones a allegados a los Menem. En ese marco también circulan especulaciones sobre eventuales movimientos políticos de Alejandro Álvarez.
Desde la Cámara de Diputados admiten que el oficialismo no tenía los votos necesarios para impulsar la medida y señalaron que estudian volver a impulsarla en los próximos meses, aunque sin precisar fechas.
