El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para derogar la Ley N° 27.642 (Ley de Promoción de la Alimentación Saludable), conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa ingresó el sábado al Senado y está firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
El comunicado oficial sostiene que la aplicación de la normativa, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentó “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.
A continuación se exponen los principales puntos y fundamentos del proyecto:
Derogación total: El proyecto propone derogar íntegramente la Ley N° 27.642, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Entre las disposiciones que se eliminarían están los octógonos negros y las restricciones relacionadas con la publicidad, los entornos escolares y el uso de personajes infantiles en los envases.
Críticas al sistema «binario» y posible confusión: El Ejecutivo sostiene que el modelo de perfil de nutrientes vigente aplica parámetros uniformes a matrices alimentarias muy distintas, sin tener en cuenta las porciones consumidas ni la densidad nutricional.
Según el texto, ello puede provocar advertencias similares para alimentos tradicionales y saludables y para productos ultraprocesados, lo que generaría interpretaciones simplificadas y confusión entre los consumidores.
Falta de incentivos para la industria: Se critica que el enfoque binario (presencia o ausencia de advertencia) no recompensa mejoras parciales en la composición nutricional de productos dentro de una misma categoría.
Asimetrías en el Mercosur y efectos sobre las PyMEs: El mensaje al Parlamento indica que la ausencia de armonización regional en el etiquetado frontal obliga a fabricar envases distintos para distintos mercados, lo que genera dificultades operativas.
Añade que esa carga recae con mayor intensidad sobre las pequeñas y medianas empresas, que afrontan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente mayores, lo que podría favorecer la concentración del mercado.
Rigidez normativa: Se cuestiona que muchos aspectos metodológicos y técnicos estén incluidos en la ley misma, lo que impide actualizar el sistema con rapidez ante nuevos consensos científicos internacionales o cambios en las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
Garantía de la información nutricional: El Ejecutivo aclara que la propuesta no suprime las obligaciones de información nutricional en los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente bajo el Código Alimentario Argentino y las resoluciones armonizadas del Mercosur (GMC N° 44/03 y 46/03), además de las normas sobre lealtad comercial y defensa del consumidor.
El Gobierno solicitó al Congreso el «pronto tratamiento y sanción» de la norma, con el argumento de avanzar hacia un esquema que califique como «técnicamente más consistente, uniforme y adaptable». #AgenciaNA
