El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó al Gobierno intensificar la supervisión de las fintech y de las billeteras virtuales, en un contexto de marcado aumento de la morosidad crediticia que alcanzó niveles no registrados en las últimas dos décadas.
En su último staff report, el organismo dedicó un apartado a advertir sobre los riesgos en las entidades financieras no bancarias, especialmente en el segmento de consumo. En el informe difundido el viernes pasado, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora” y alertó sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
La entidad, presidida por Kristalina Georgieva, indicó además que el crédito no bancario ya representa el 15% del crédito bancario total y remarcó que se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias para “garantizar condiciones regulatorias más equitativas”.
En ese marco, el informe puso el foco en el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los niveles de préstamos en mora son “muy elevados”. También incluyó bajo vigilancia a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).
Fuerte aumento de la morosidad
Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron que la morosidad en los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, con un salto de más de ocho puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 3,3%.
En el sector privado en su conjunto, la morosidad también registró una suba de 0,3 puntos porcentuales y llegó al 7%. Pese a las advertencias, el FMI reconoció los avances del Gobierno para fortalecer el mercado de capitales, aunque consideró que el proceso demandará más tiempo debido a la “larga historia de inestabilidad” de la Argentina.
Además, el organismo sostuvo que, si avanza la estabilización económica y se reconstruyen las reservas, podría evaluarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, tomando como referencia experiencias de países como Perú y Uruguay.
