Tres comunidades colombianas dedicadas a promover la participación femenina en tecnología —Womenize Latam, Mujeres TIC y Women in Tech Colombia— entregaron a los candidatos presidenciales una propuesta de política pública destinada a ampliar y democratizar el acceso de las mujeres al sector tecnológico. Las organizaciones, con más de 15 años de experiencia en formación y análisis de brechas de género, publicaron la agenda titulada “Género y Tecnología: democratización del acceso de las mujeres a la tecnología en Colombia”.
Las agrupaciones alertaron sobre una fuga de talento entre la educación y el empleo que reduce la capacidad productiva del país. Según el documento, aunque más del 52% de las niñas colombianas participó en actividades de ciencia y tecnología, solo el 32,35% de los estudiantes en carreras STEM eran mujeres, proporción que ha disminuido durante tres años consecutivos.
Asimismo, apenas el 17% de los graduados universitarios en áreas tecnológicas fueron mujeres y, por cada 100 hombres en puestos directivos tecnológicos, solo 52 mujeres alcanzaron esos cargos. El Banco de la República estimó que cerrar la brecha de género en el mercado laboral podría aumentar el PIB de Colombia entre un 10% y un 80%.
Propuestas: datos, ambientes y liderazgo
Womenize Latam propuso crear un Sistema Nacional de Información de Género en el Sector TI, coordinado entre el DANE, MinTIC, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación Nacional. La plataforma reuniría datos desagregados por región y emplearía estándares internacionales para minimizar sesgos en sistemas de inteligencia artificial.
El documento cita un estudio de la Universidad de Berkeley que analizó 133 sistemas de IA en distintas industrias y halló sesgo de género en el 44% de ellos. Sandra Rozo, directora de Womenize Latam, y Ximena Duque, líder del comité de política pública, señalaron que la iniciativa busca convertir una deuda histórica en una ventaja competitiva para el país.
Mujeres TIC propuso que el sello Equipares sea obligatorio para entidades públicas y voluntario con incentivos fiscales para el sector privado. Sus tres ejes principales son: formación obligatoria de servidores públicos en sesgos y equidad; compras públicas que prioricen proveedores certificados en igualdad; y metas anuales medibles para la presencia de mujeres en roles técnicos y de liderazgo.
La meta planteada es que el 50% de las entidades del orden central esté certificada en 2027, 75% en 2028 y cobertura total en 2030, con al menos el 70% de los servidores públicos formados en equidad, diversidad e inclusión. Pamela López, directora general de Mujeres TIC, y Lorena Bolaños, co-líder del comité de política pública, destacaron el papel de las instituciones públicas en liderar la transformación cultural que permite a niñas, jóvenes y mujeres desarrollar su potencial en STEM.
Women in Tech Colombia propuso la creación de un Banco Nacional de Talento Femenino STEM y medidas afirmativas para aumentar la presencia de mujeres en cargos tecnológicos estatales. Sus objetivos son alcanzar 35% de representación femenina en 2027, 45% en 2029 y paridad (50%) en 2030, con seguimiento público anual.
Patricia Helena Fierro, directora de Women in Tech Colombia, explicó que la propuesta busca abrir rutas reales para que más mujeres expertas lideren la transformación digital del sector público colombiano.
Compromisos para el próximo gobierno
La agenda, dirigida a los candidatos presidenciales, incluye nueve compromisos concretos y un compromiso transversal para articular las propuestas en políticas públicas.
Entre las acciones prioritarias se destacan la creación del Sistema Nacional de Información de Género en TI; la incorporación de auditorías de género en la ley de inteligencia artificial; la certificación de IA libre de sesgos; la inclusión del Sello Colombia Equitativa en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030; el diseño y financiación de metodologías para el sello; la actualización de perfiles de cargos TIC; y garantizar el acceso meritocrático a estos puestos.
Las organizaciones pidieron ser reconocidas formalmente como interlocutoras válidas en la elaboración de políticas públicas tecnológicas. El documento completo quedó disponible para candidatos, medios, organismos internacionales y el público en general.
