La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el gobierno remitirá a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de proyectos de ley orientado a reforzar la seguridad nacional. El conjunto incluye cuatro iniciativas principales destinadas a fortalecer el marco legal y el funcionamiento del sistema judicial frente a la creciente inseguridad.
Este segundo paquete legislativo, que se presentará el 27 de octubre, contempla la tipificación de la minería ilegal como delito, la ampliación de las causales de extradición, la obligatoriedad en el cumplimiento de las condenas y una transformación del Poder Judicial. Según la mandataria, las medidas responden a la demanda ciudadana de leyes más estrictas y de una justicia más eficaz.
Respecto a la minería ilegal, el proyecto propone sanciones severas para quienes participen en actividades extractivas no autorizadas, con el objetivo de frenar la minería clandestina, proteger los recursos naturales y evitar daños ambientales, especialmente en zonas afectadas como Crucitas.
Transformación judicial y combate al crimen
Otra iniciativa busca aumentar las causales que habilitan la extradición para facilitar la entrega de personas requeridas por la justicia internacional. El Ejecutivo sostiene que esta reforma es necesaria para enfrentar delitos transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado, que se aprovechan de vacíos legales y de la porosidad de las fronteras.
El tercer eje se refiere a la ejecución efectiva de las sentencias. Fernández afirmó que “las condenas deben cumplirse en su totalidad, sin excepciones ni interpretaciones que permitan eludir la responsabilidad penal”, y el proyecto pretende cerrar lagunas legales que han permitido reducir o eludir el cumplimiento de penas.
La transformación del Poder Judicial constituye el cuarto pilar del paquete. Las reformas propuestas buscan mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial costarricense mediante cambios estructurales en su administración y funcionamiento.
Fernández explicó que estas modificaciones pretenden adaptar la administración de justicia a las exigencias de una sociedad que demanda resultados concretos en materia de seguridad.
La mandataria añadió que este segundo paquete no será el único: el Ejecutivo continuará elaborando iniciativas adicionales según las recomendaciones de autoridades especializadas y de la unidad Fuerza Élite. “Se enviarán los paquetes necesarios y lo que haga falta, según las autoridades especializadas y ministros, vamos a continuar trabajando”, declaró.
Además, señaló que el gobierno mantendrá la coordinación con expertos y ministerios para ajustar y ampliar el marco normativo según las necesidades que surjan.
El Ejecutivo prevé entregar oficialmente el paquete legislativo a la Asamblea el 27 de octubre y confía en que los diputados tramitarán las iniciativas con rapidez. Estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad y la paz en la sociedad costarricense.
