El Decreto 837 establece un marco amplio para regular y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo la lógica de la “seguridad nacional”, ampliando la discrecionalidad del Estado sobre qué operaciones pueden realizarse, restringirse o incluso ordenarse a desinvertir.
Formalmente, la norma del Consejo de Estado sobre inversión en el exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior, proteger a los inversores chinos, reforzar la supervisión estatal y salvaguardar la seguridad nacional y los intereses estratégicos. En la práctica, sin embargo, la seguridad nacional se presenta como un principio transversal que permea la regulación económica.
El Artículo 3 lo deja explícito: todas las inversiones externas deben coordinarse con lo que el régimen define como “seguridad del régimen”, integrando desarrollo y seguridad, y buscando elevar la calidad de las inversiones dentro de un marco de apertura y cooperación condicionada por la seguridad.
Bajo la dirección de Xi Jinping, la noción de seguridad nacional es más amplia que en tradiciones occidentales: abarca defensa y terrorismo, pero también tecnología, datos, finanzas, cadenas de suministro, energía, cultura y estabilidad política.
Según Leland Lazarus, fundador de Lazarus Consulting, estos decretos refuerzan la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao (chinos en el extranjero) y las empresas chinas siguen sujetos a obligaciones legales internas, apoyadas en leyes previas como la Ley Nacional de Inteligencia de 2017 y la Ley de Seguridad Nacional de 2020.
Una característica polémica es la concentración de decisiones en el Consejo de Estado y en ministerios: el Estado puede promover, restringir, prohibir o exigir desinversiones, lo que implica que operaciones ya en marcha podrían ser deshechas por decisión administrativa.
El Decreto 837 también prohíbe exportar o usar en el extranjero ciertos bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal, y alcanza transferencias indirectas como desplazamiento de personal técnico, capacitación o asistencia técnica transfronteriza, según el Artículo 13.
El punto 15 establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a empresas y personas a cooperar plenamente. Lazarus interpreta esto como una consolidación de la visión del PCC de que individuos, empresas y el gobierno sirven como instrumentos del poder nacional integral.
El Artículo 22 impone límites cuando organizaciones o personas con base en China participan en arbitrajes o procedimientos extranjeros, o son objeto de investigaciones en otros países: para entregar pruebas o materiales al exterior deberán respetar las normas chinas sobre secretos de Estado, seguridad de datos, protección de información personal, control de exportaciones y asistencia judicial internacional. Esto restringe la actuación de ciudadanos, inversores y ejecutivos chinos frente a requerimientos extranjeros.
Ese artículo puede generar conflictos jurídicos para empresas sujetas simultáneamente a legislación china y a obligaciones en otros países, por ejemplo al atender solicitudes judiciales o regulatorias en el extranjero que puedan chocar con exigencias de Pekín.
Un patrón claro de control
Analizadas en conjunto, las normas muestran un patrón: la Ley de Unidad Nacional busca cohesión ideológica y social; el Decreto 835 regula la relación jurídica ante medidas de otros Estados; y el Decreto 837 fija condiciones estrictas para la salida de capitales chinos.
Estas disposiciones integran política económica, seguridad nacional y proyección exterior en un único marco regulatorio con elevada discrecionalidad estatal. A diferencia de las leyes de EE. UU. y Europa sobre exportaciones sensibles, que suelen aplicarse a sectores o riesgos concretos, los decretos chinos aplican la noción de seguridad nacional de manera más amplia y difusa.
Como concluye Lazarus, la aplicación efectiva de estas normas depende de la voluntad de las autoridades; además, Pekín ha demostrado disposición a ejercer presión política y económica para que terceros cumplan sus objetivos, lo que podría disuadir a organizaciones extranjeras que defiendan a Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong por temor a represalias contra sus contactos o familiares en China.
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