El cirujano Hassan-James Abbas enfrenta cargos penales y la suspensión de su licencia médica tras una denuncia presentada por su pareja en Estados Unidos. Según la acusación, la mujer, que estaba embarazada, aseguró que el médico le introdujo a la fuerza pastillas abortivas trituradas en la boca mientras dormía. El incidente se produjo en diciembre de 2024 y, tras la investigación, las autoridades médicas decidieron suspender su licencia.
La junta médica del estado de Ohio concluyó que la conducta del doctor suponía “un peligro inmediato y grave para el público”, según informes de medios locales como WTOL 11, WTVG y The Toledo Blade. La acusación formal ante el Gran Jurado del Condado de Lucas se presentó a fines de 2024 y un año después se confirmó la suspensión profesional.
Introdujo pastillas abortivas mientras dormía
Según la investigación oficial, Abbas, de 32 años, llevaba dos meses de relación con la víctima tras haberse separado de su esposa en octubre de 2024. La acusación sostiene que adquirió mifepristona y misoprostol el 8 de diciembre de 2024 usando la identidad de su exesposa sin su permiso, mediante un proveedor de telemedicina fuera del estado. Los medicamentos llegaron a su domicilio el 11 de diciembre, con instrucciones para embarazos de menos de 13 semanas.
La noche del 18 de diciembre, la mujer se despertó y, según su relato y los registros de la Junta Médica de Ohio, encontró al médico sujetándola mientras le introducía el polvo triturado en la boca. La víctima logró escapar, llamó al 911 desde la cocina, y alega que Abbas colgó la llamada y la retuvo aproximadamente media hora antes de que pudiera acudir a urgencias, donde presentó la denuncia. Posteriormente la mujer perdió el embarazo y en el hospital se registró sangrado vaginal.
El Gran Jurado del Condado de Lucas imputó a Abbas seis delitos graves: secuestro, manipulación de pruebas, distribución ilegal de un fármaco abortivo, alteración de servicios públicos, fraude de identidad y obtención fraudulenta de un fármaco peligroso. La Junta Médica consideró que había “evidencia clara y convincente” de que su práctica representaba un riesgo para el público, lo que motivó la suspensión de su licencia. Además de sanciones profesionales, el médico podría enfrentar una multa civil de hasta 20.000 dólares.
El testimonio de la víctima
La mujer contó a WTOL 11 que al despertarse el cirujano la sujetó y la forzó a ingerir el polvo de las pastillas; describió haber pensado que su vida estaba en riesgo. Según el expediente de la Junta Médica, Abbas presionó a la pareja para que abortara cuando supo del embarazo, aunque ella había expresado su intención de seguir con la gestación.
Durante la pesquisa, Abbas admitió haber buscado información sobre los medicamentos en internet, triturado las pastillas para facilitar su disolución y no seguir las instrucciones de administración. También reconoció haber usado los datos de su exesposa para obtener los fármacos y haber arrojado el resto de las pastillas por la ventana en el camino al trabajo. El médico sostiene que la mujer aceptó tomar los medicamentos, versión que la víctima niega. La abogada de la denunciante, Kelle Saull, dijo a WTOL 11 que está satisfecha con el inicio del proceso penal y no descartó nuevas acusaciones. La audiencia ante la Junta Médica está programada para el 14 y 15 de mayo de 2026 y la comparecencia judicial de Abbas para el 19 de diciembre.
Perfil y antecedentes del cirujano
Abbas era residente de cirugía en la Universidad de Toledo en el momento de los hechos. Tras separarse de su esposa en octubre de 2024, inició una relación con la víctima, quien había sido su paciente cuando le recetó medicación para las náuseas del embarazo. La Junta Médica de Ohio determinó que violó varias disposiciones del Código Revisado estatal, incluyendo la prescripción y administración de medicamentos con fines no legales y el uso fraudulento de la identidad de otra persona para obtener fármacos abortivos.
El caso ha generado debate en Ohio sobre la ética médica, la autonomía de las pacientes y la violencia de género, al implicar a un profesional de la salud en presuntos delitos graves y el uso indebido de medicamentos. La abogada de la víctima consideró que el inicio del proceso judicial es un paso adelante, aunque advirtió que el caso podría dar lugar a nuevas acciones legales conforme avance la investigación.
