En pleno receso judicial de enero, la investigación sobre una mansión en Pilar valuada en más de 20 millones de dólares y vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría tomar un nuevo rumbo: la Justicia Federal de Campana solicitó que el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires se inhiba y le remita el expediente.
El juez Adrián González Charvay, con competencia en Pilar y el norte de la provincia de Buenos Aires, pidió formalmente este martes la inhibitoria al juez Marcelo Aguinsky, quien actualmente está a cargo de la causa por presunto lavado de activos.
El conflicto se originó tras un planteo de la defensa de los imputados señalados como presuntos testaferros, Ana Conte y Luciano Pantano, madre e hijo, que pidieron el cambio de jurisdicción justo antes de presentarse a declarar el lunes, lo que por ahora les evitó comparecer ante la Justicia.
González Charvay sostiene que la causa debe tramitarse en Campana porque los bienes objeto de la investigación se encuentran en el partido de Pilar. En contraposición, el fiscal del fuero Penal Económico, Claudio Navas Rial, consideró que la pesquisa se dirige al accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora corresponde la respuesta del Juzgado en lo Penal Económico N° 10, que subroga Aguinsky. Si el magistrado se niega a entregar el expediente se generará un conflicto positivo de competencias —es decir, ambos jueces reclamarán la causa— y la controversia deberá resolverse en una instancia superior.
La investigación ya tuvo varios desplazamientos entre distintos juzgados. Inicialmente fue sorteada al juez federal Daniel Rafecas, quien se excusó y luego devolvió el expediente.
Más adelante, y tras una serie de allanamientos en la mansión y a las personas vinculadas, la Cámara Federal porteña determinó que el caso debía tramitarse en el fuero Penal Económico.
Sin embargo, en ese fallo los camaristas se pronunciaron sobre la naturaleza de los delitos a investigar y no sobre el lugar en que eventualmente se habrían cometido los hechos, lo que dejó abierta la discusión jurisdiccional.
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