La ciudad de La Falda vive un clima de tensión tras confirmarse que el acceso al Cerro La Banderita dejará de ser gratuito. La decisión se conoció cuando los propietarios de las tierras concesionaron el predio a una empresa privada para su explotación comercial.
Ese nuevo esquema administrativo establece tarifas y membresías anuales y entra en vigor el jueves 8 de enero. La medida afecta a uno de los recorridos de senderismo más tradicionales del Valle de Punilla.
El malestar social se acentuó al difundirse los montos: el acceso general quedó fijado en $8.000 para adultos, mientras que los residentes del departamento deberán pagar $4.000. Esos valores provocaron rechazo inmediato en redes sociales y en grupos de deportistas.
En respuesta, grupos de corredores y vecinos autoconvocados convocaron un abrazo simbólico para el domingo 11 de enero a las 19:00, con el objetivo de visibilizar el reclamo y proteger lo que consideran patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
El intendente Javier Dieminger declaró que el municipio acompaña el reclamo de los vecinos, aunque aclaró que el cerro está técnicamente fuera del ejido municipal, lo que limita la capacidad de intervención directa del gobierno local.
A pesar de esa limitación geográfica, el mandatario adelantó que iniciará gestiones con los propietarios para intentar lograr que los ciudadanos de La Falda queden exentos del pago, apelando a los “usos y costumbres” de una comunidad que utilizó el sendero de forma libre durante décadas.
Según la empresa administradora, el cobro es necesario para cubrir seguros de responsabilidad civil, atención de emergencias médicas y servicios higiénicos; también aseguran que los fondos se destinarán al mantenimiento y a la señalización de los senderos.
Para muchos vecinos, la medida implica un golpe a la identidad local y un obstáculo para la práctica deportiva. El conflicto reaviva además un debate histórico en la provincia de Córdoba sobre la titularidad privada de los picos serranos y el derecho de acceso a la naturaleza.
La situación permanece en desarrollo, con negociación entre las partes y movilizaciones previstas mientras se espera una definición sobre el alcance de las exenciones y las condiciones de acceso.
