El gobierno iraní publicó este viernes su recuento de víctimas de las protestas que comenzaron a finales de diciembre, en un intento por fijar su versión sobre una represión que ha recibido amplia condena internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que las autoridades califican de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Araqchi precisó que, del total de fallecidos, 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
Araqchi declaró públicamente que “entre los muertos hay 600 terroristas”, sin detallar los criterios para esa clasificación ni aportar pruebas independientes que la respalden.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de asistir a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales consideran que el hecho de que el gobierno haya recurrido a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas pone de relieve la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que sitúan hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos en el marco de una represión que, según esos grupos, incluyó el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también señaló una destrucción de gran escala de infraestructura pública: aseguró que los “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas estallaron a finales de diciembre en medio de una profunda crisis económica marcada por el desplome del rial y una inflación persistente que afectan a amplios sectores de la población. Las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras grandes ciudades con consignas sobre la situación económica y el rechazo a la gestión del poder, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen iraní ha responsabilizado a actores externos y opositores en el exilio, afirmando que habrían alimentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional; esa narrativa se reforzó después de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevos ataques si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
La resolución insta además a garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
