La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó este jueves dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico, acusados de contrabando de combustible, informó la televisión estatal. Las embarcaciones transportaban alrededor de un millón de litros de combustible, incluido diésel, lo que equivale a aproximadamente 6.300 barriles. Los 15 tripulantes extranjeros quedaron bajo custodia judicial, aunque las autoridades iraníes no detallaron las nacionalidades ni las banderas de los buques.
El general Heidar Honarian Mojarrad, comandante regional naval de la Guardia Revolucionaria, señaló que los petroleros fueron interceptados cerca de la isla Farsi y remolcados al puerto de Bushehr. Medios oficiales indican que ambas naves integraban una red que, según las autoridades, operaba desde hace meses para sacar combustible de Irán de forma ilegal.
La incautación ocurre en un contexto de tensión entre Irán y Estados Unidos. Ambos países celebrarán conversaciones nucleares este viernes en Mascate, tras enfrentamientos recientes en la región y la represión de protestas internas en Irán. El encuentro estará encabezado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en un formato de negociación indirecta centrado en el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.
El contrabando de combustible es un problema estructural en Irán. El país mantiene uno de los precios de gasolina más bajos del mundo por medio de subsidios estatales; los primeros 60 litros se venden a alrededor de 1,25 centavos de dólar por litro. Esa política, ligada a cambios impulsados tras las protestas de noviembre de 2019 y su dura represión, ha alimentado un negocio ilegal hacia países vecinos como Irak, Turquía y Pakistán, donde la gasolina es mucho más cara. Se calcula que cerca del 20% del combustible vendido en estaciones iraníes termina siendo contrabandeado, lo que genera pérdidas estatales millonarias y financia redes clandestinas.
No es la primera operación de este tipo en los últimos meses. En diciembre Irán incautó un petrolero extranjero en el Estrecho de Ormuz con 16 tripulantes a bordo y, ese mismo mes, interceptó otra embarcación en el mar de Omán que transportaba seis millones de litros de diésel y 18 tripulantes de nacionalidades india, esrilanquesa y bangladesí. En noviembre, la Guardia Revolucionaria confiscó el petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, que transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos desde Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur.
Las fuerzas iraníes registran con frecuencia incautaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo de unos 33 kilómetros de anchura por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo. Teherán sostiene que estas acciones buscan combatir el tráfico ilícito de combustible y asegurar el cumplimiento de las normas marítimas, mientras que analistas occidentales advierten que algunas incautaciones pueden responder también a presiones políticas regionales.
La operación se produjo días después de que Estados Unidos desplegara un grupo naval en la región del Golfo Pérsico en respuesta a la represión de protestas en Irán. Occidente ha responsabilizado a Teherán de ataques con minas lapa que dañaron petroleros en 2019 y de un ataque con drones en 2021 contra un buque vinculado a Israel que causó la muerte de dos tripulantes europeos. Esos incidentes se produjeron tras la retirada unilateral del acuerdo nuclear de 2015 por parte del presidente Donald Trump en su primer mandato.
