El fiscal general de Estambul presento una acusacion de casi 4.000 paginas contra el alcalde encarcelado Ekrem Imamoglu, imputandole 142 presuntos delitos relacionados con corrupcion y crimen organizado y solicitando penas que podrian superar los 2.300 anos. Entre los cargos figuran la organizacion y el liderazgo de una red criminal, 12 cargos por soborno, siete por blanqueo de capitales, siete por fraude, ademas de extorsion y manipulacion de licitaciones.
Imamoglu fue detenido en marzo junto a varios funcionarios municipales y la acusacion lo describe como el “fundador y lider de la organizacion” investigada. El fiscal jefe, Akin Gurlek, indico que la causa involucra a 402 sospechosos, mas de un centenar de los cuales estan ya bajo custodia. La imputacion le atribuye tambien delitos que habrian sido cometidos por otros investigados, como soborno y falsificacion de documentos. Segun calculos de Haberturk y la cadena estatal TRT Haber, una condena podria implicar hasta 2.352 anos de prision.
El politico, considerado uno de los principales rivales del presidente Recep Tayyip Erdogan, niega todas las acusaciones. Grupos criticos y el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora, sostienen que el proceso tiene motivaciones politicas y busca debilitar a la oposicion tras su buen rendimiento en las elecciones locales del ano anterior. Senalan ademas que forma parte de una “represion mas amplia”, citando la oleada de detenciones de cargos del CHP en Estambul y otros municipios.
La detencion de Imamoglu provoco protestas masivas consideradas las mas intensas desde 2013, con manifestaciones en varias ciudades, segun la agencia estatal Anadolu. Desde entonces, decenas de cargos locales y miembros del CHP han sido arrestados en el marco de este caso o por asuntos relacionados.
El mes pasado los fiscales anadieron cargos de espionaje vinculados a una investigacion sobre la campana politica de Imamoglu y a un empresario detenido en julio por supuestas actividades de inteligencia para gobiernos extranjeros. La acusacion incluye, ademas, la supuesta transferencia de datos personales de residentes de Estambul con fines de financiacion internacional, cargos que Imamoglu ha calificado como “tonterias”.
Tambien pesan sobre el denuncias previas por presuntos insultos a miembros del Consejo Supremo Electoral, amenazas contra el fiscal Gurlek y sospechas de falsificacion de diplomas y otros documentos oficiales.
El Gobierno turco rechaza que se trate de una persecucion politica y afirma que el poder judicial actua con independencia, insistiendo en que las investigaciones se centran en casos de corrupcion y otras irregularidades.
