A partir de la medianoche, el servicio de transporte público quedará interrumpido tras la confirmación del paro nacional por parte del titular de la UTA, Roberto Fernández, y del dirigente de La Fraternidad, Omar Maturano. La medida, que afectará trenes y colectivos en todo el país, se adopta en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y en consonancia con la convocatoria de la CGT. La decisión se mantiene pese a la advertencia oficial de retirar la personería gremial a ambos sindicatos.
La tarde anterior estuvo marcada por una escalada de tensión entre el Ejecutivo y los principales gremios del transporte. Desde Casa Rosada se envió una intimación formal a la UTA y a La Fraternidad, en la que se les instó a “abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza que implique la suspensión del servicio”.
Según fuentes oficiales, el escrito advirtió que el incumplimiento podría llevar, en última instancia, a la pérdida de la personería gremial, un mecanismo legal clave para el funcionamiento y la representación de los sindicatos.
Fernández y Maturano confirmaron que mantendrán su adhesión al paro. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, afirmaron. Además, señalaron que los conflictos salariales que motivaron la conciliación obligatoria no son lo mismo que la medida convocada por la CGT, que se realiza en rechazo de la reforma laboral.
La amenaza de sanciones por parte del Gobierno resulta excepcional en la coyuntura reciente, ya que en otras oportunidades los sindicatos de transporte habían evitado medidas mayores mediante el diálogo o la negociación. En esta ocasión, la presión oficial no logró impedir la continuidad de la huelga, confirmaron los líderes gremiales.
La protesta se enmarca en un clima sindical convulsionado. La CGT oficializó el paro general como rechazo a la reforma laboral y a la política económica del Gobierno, y vinculó el cierre de la fábrica de neumáticos FATE al “fracaso del plan económico oficial”. La adhesión de la UTA y La Fraternidad fue interpretada como un respaldo relevante al plan de lucha de la central obrera.
La suspensión de trenes y colectivos impactará a millones de usuarios: fuentes del sector estiman que más de 9 millones de personas utilizan diariamente estos servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior. El cese de actividades se extenderá por 24 horas y, según los gremios, no habrá servicios mínimos ni guardias operativas.
La reacción del Gobierno fue inmediata. Funcionarios advirtieron que “no se permitirá la extorsión a través de medidas de fuerza ilegítimas” y recordaron que la personería gremial “no es un derecho absoluto, sino una potestad del Estado”. La Secretaría de Trabajo sostuvo que la intimación tiene sustento legal y que se evaluarán los pasos a seguir una vez concluida la jornada de protesta.
El enfrentamiento entre los sindicatos del transporte y el Ejecutivo suma un nuevo capítulo a un escenario de alta conflictividad laboral. La CGT dejó abierta la posibilidad de convocar nuevas acciones si no se revisa el proyecto de reforma. UTA y La Fraternidad advirtieron que no cederán ante presiones y que cualquier negociación deberá respetar la representatividad sindical y las condiciones laborales vigentes.
