El gobierno de Venezuela informó el lunes que inició la remodelación de la cárcel conocida como El Helicoide —acusada de ser un lugar de torturas— para convertirla en un centro social, después de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenara su cierre.
El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, dijo en un video difundido en X que de inmediato se elaboró el proyecto, se consultó a la comunidad y a la familia policial, se realizó el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y que en menos de un mes el proyecto fue aprobado y ha comenzado su fase de ejecución.
Ramírez añadió que se comprometían a cumplir la palabra empeñada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin aportar más detalles sobre el plan en ejecución.
En un video publicado en Instagram, el Ministerio de Comunicación comunicó el inicio de los trabajos para transformar los espacios de la cárcel en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”.
El 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en el marco de su propuesta de una ley de amnistía para presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, iniciativa que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento controlado por el chavismo.
La propuesta sobre El Helicoide se dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos— hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.
El Helicoide es una estructura inconclusa de la década de 1950, concebida originalmente como centro comercial, que luego pasó a albergar sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Opositores y activistas de derechos humanos han señalado la sede como un lugar de torturas, y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos en ese recinto.
El Gobierno venezolano ha rechazado siempre esas acusaciones.
La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la Ley de Amnistía, y contabiliza más de 600 detenidos por motivos políticos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que existan detenidos por razones políticas y sostiene que todos han cometido delitos, una afirmación que la dirigencia opositora y varias organizaciones no gubernamentales rechazan.
Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.
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(con información de AFP y EFE)
