El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses imputados por el atentado contra la mutual judía del 18 de julio de 1994. En dictámenes firmados este miércoles también pidió la imputación y la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario del régimen iraní.
Según la Fiscalía, Asghar Hejazi —descrito como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, cuya muerte se informó el 28 de febrero— presidía el llamado Comité Vijeh, el organismo estatal donde se habría recopilado información, analizado el objetivo y elaborado la propuesta para destruir la AMIA.
De acuerdo con las pruebas reunidas, una vez aprobado el plan por los máximos mandos del régimen, Asghar Hejazi habría quedado a cargo de la implementación y la coordinación general de la operación.
Esta hipótesis se reforzó tras las declaraciones en Francia de cuatro iraníes disidentes que actuaron como testigos ante el fiscal Basso, según reveló Infobae en diciembre. Con esos testimonios, el fiscal solicitó indagar al nuevo imputado, ordenar su detención internacional y declararlo en rebeldía.
El planteo del Ministerio Público fue remitido al Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Los procesamientos
Los diez iraníes y libaneses que el fiscal pidió procesar coinciden con los que el juez Rafecas había decidido llevar a juicio en ausencia. Todos están prófugos de la Justicia argentina y cuentan con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Entre los acusados figuran: Alí Fallahian, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, entonces jefe de Asuntos Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, exlíder de la fuerza Al Quds, recientemente designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.
Todos integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el organismo estatal que, según la investigación, autorizó el ataque en una reunión reservada a mediados de agosto de 1993, en un contexto de avances en procesos de paz en Medio Oriente.
La lista de imputados incluye además a exfuncionarios de la embajada iraní en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour (embajador), Mohsen Rabbani (consejero cultural) y Ahmad Reza Asghari (tercer secretario).
La UFI AMIA sostiene que ese grupo montó una red de espionaje camuflada bajo funciones diplomáticas, cuya tarea fue recopilar información sobre el objetivo, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales y facilitar el ocultamiento posterior al atentado, aprovechando la inmunidad diplomática para operar sin levantar sospechas.
También están acusados integrantes de la organización libanesa Hezbolá, entre ellos Salman Raouf Salman, señalado como el responsable de las acciones finales en Argentina. Según el dictamen fiscal, Salman ingresó de manera clandestina al país para coordinar la llegada, el alojamiento y la fuga del escuadrón ejecutor.
Habría actuado junto a su hermano Abdallah Salman, encargado de manejar importantes sumas en dólares para financiar actividades ilícitas. Además, Hussein Mounir Mouzannar, comerciante libanés radicado en Paraguay, habría proporcionado certificados laborales falsos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.
Noticia en desarrollo
