El proceso de solicitud de la nacionalidad española para descendientes de exiliados, impulsado por la Ley de Memoria Democrática, provocó un colapso administrativo sin precedentes: el Consulado General de España en Buenos Aires recibió más de 645.000 expedientes.
Esta demanda extraordinaria, cuya fecha límite para presentar la documentación fue el 22 de octubre del año pasado, respondió a una prórroga de 365 días establecida por las autoridades españolas para gestionar el volumen récord generado por la normativa.
Frente a esta avalancha de solicitudes, el Consejo de Residentes Españoles informó que los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el propio Consulado General acordaron externalizar la carga de los datos en papel al registro civil electrónico, con el objetivo de acelerar esa etapa de la tramitación.
“En estos momentos se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema, que en breve entrará en vigor”, explicaron fuentes consulares.
Un récord de solicitudes y medidas para abordar la saturación
Hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había contabilizado 876.321 solicitudes de nacionalidad española bajo esta ley a nivel mundial, de las cuales 366.579 correspondían a personas residentes en Argentina. Esto equivale al 42% del total, y 174.277 argentinos ya obtuvieron la ciudadanía.
Los expedientes generan además un volumen físico considerable: la documentación acumulada alcanza aproximadamente 56 toneladas de papel.
Si se toma como referencia la Ley de Memoria Histórica —que resolvió 60.000 casos en diez años—, se estima que, con la capacidad actual, se necesitarían más de un siglo (104 años) para tramitar el conjunto actual de solicitudes.
El último semestre de 2025 mostró la magnitud del fenómeno: se ingresaron 298.701 nuevas solicitudes. En Argentina, además de Buenos Aires, se concentran otros 220.000 pedidos en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.
Cómo se organiza la tramitación y por qué persisten las demoras
El Consulado General de España en Buenos Aires confirmó que los trámites se procesan de forma individual, no por grupo familiar, y siguiendo un estricto orden cronológico: los expedientes se analizan según la fecha de presentación, de modo que quienes presentaron antes sus documentos serán atendidos primero.
La asignación de turnos y el seguimiento del estado dependen del envío de un correo electrónico que activa el identificador único del expediente (IDU). La lentitud en la generación de ese documento ha sido objeto de quejas reiteradas en redes sociales.
Las autoridades consulares admiten que los recursos tecnológicos actuales son insuficientes. En comunicados y en su web señalan: “Los sistemas informáticos del Consulado no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales, lo que prolonga los tiempos de gestión”. Como respuesta, se están aumentando la velocidad y capacidad de las líneas de conectividad y se incorpora nueva infraestructura tecnológica y personal.
Qué es la Ley de Memoria Democrática
La normativa amplía los derechos de nacionalización hereditaria: permite solicitar la ciudadanía a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de personas exiliadas por persecuciones políticas, ideológicas, por creencias o por su orientación o identidad sexual. Desde su reglamentación, acreditar el exilio dejó de ser un requisito excluyente, lo que facilitó la presentación de numerosos expedientes.
La disposición adicional octava también reconoce el derecho a la nacionalidad para los hijos mayores de quienes accedieron a la opción prevista en la Ley de Memoria Histórica de 2007 o en la normativa vigente, así como para quienes estuvieron bajo la patria potestad de un ciudadano español.
En las solicitudes por residencia, se exige acreditar al menos uno o dos años de permanencia legal en España según el caso —un año para cónyuges de españoles; dos años para descendientes o nacionales de países iberoamericanos—, no registrar antecedentes penales en el país de origen y demostrar un nivel de integración.
Cabe recordar que la comunidad española en Argentina es la más numerosa fuera de la península: al 1 de enero de 2024 había 482.176 ciudadanos españoles residentes y, según el Instituto Nacional de Estadística de España, se estima que casi tres millones de personas mantienen vínculos familiares con España.
El Consulado y el CRE solicitan, mediante comunicados oficiales, comprensión y paciencia ante una tramitación que, por su volumen, se extenderá más allá de los plazos habituales, con supervisión desde Madrid y refuerzos tecnológicos y de personal en curso.
