La Auditoría General de la Nación (AGN) reactivó su intervención en la investigación del fentanilo contaminado y llevará a cabo una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en medio de cuestionamientos por fallas en los controles que provocaron al menos 111 muertes.
Como parte del proceso, el organismo convocó a familiares de las víctimas a un taller de planificación participativa que se realizará este jueves en el edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, con el fin de definir los lineamientos de la auditoría.
La iniciativa se desarrolla en un contexto crítico: hay una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME— y persiste la falta de respuestas concretas tras los informes de la comisión investigadora.
Fallas estructurales bajo la lupa
Según la investigación a cargo del juez Ernesto Kreplak, el caso puso al descubierto una cadena de irregularidades graves en el sistema sanitario.
Entre los principales puntos señalados figuran:
deficiencias en la detección temprana del problema
controles insuficientes en la producción
alertas previas que no fueron atendidas
fallas en la trazabilidad y en el retiro del medicamento
El análisis judicial determinó que el lote contaminado —identificado como 31202— fue producido en diciembre de 2024 y estaba destinado al sistema de salud pública.
111 víctimas fatales y 14 detenidos
El Cuerpo Médico Forense confirmó que el fentanilo adulterado causó la muerte de 111 personas, tras el análisis de 159 casos durante la feria judicial; 48 pacientes sobrevivieron.
En la causa hay 14 procesados y detenidos, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., imputado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales.
De acuerdo con la acusación, García Furfaro habría participado junto a otros integrantes de ambas empresas en decisiones clave vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del producto contaminado.
Presión sobre el sistema de control sanitario
La auditoría de la AGN pretende establecer si existieron fallas estructurales en los organismos de control y si hubo responsabilidades administrativas que contribuyeron a que el medicamento adulterado llegara a los pacientes.
El proceso también busca determinar si se desoyeron advertencias previas y si la respuesta del Estado fue adecuada ante una crisis sanitaria de esta magnitud.
La participación de familiares de las víctimas en la planificación es un hecho poco habitual en este tipo de auditorías y refleja la presión social por obtener explicaciones y posibles cambios en el sistema de control de medicamentos en Argentina.
