El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó hoy en su cuenta X que en los próximos días enviarán al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental.
Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a Infobae que la iniciativa busca actualizar el marco normativo para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y ofrecer mayor protección a pacientes y terceros en situaciones que hoy no tienen un encuadre adecuado.
La propuesta pretende superar las limitaciones actuales en el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción.
El trabajo preparatorio incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, a partir de los cuales se identificaron dificultades concretas en la práctica diaria.
Según los datos oficiales, uno de los problemas detectados es la aplicación no uniforme de la normativa vigente: 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales que tienen servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
Entre las propuestas figura sustituir el término “padecimiento mental”, considerado ambiguo, por definiciones alineadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión diagnóstica.
El criterio de riesgo se redefine y se concentra en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con una evaluación que tenga en cuenta el contexto y los antecedentes para posibilitar intervenciones preventivas.
En cuanto a las internaciones, se mantiene su carácter excepcional. El proyecto prevé que, en casos urgentes, el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas, y que la notificación judicial se extienda de diez a veinticuatro horas.
En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta pero se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá derivar a un régimen involuntario con la debida notificación a la Justicia.
El proyecto reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos promovido por la ley vigente no siempre es factible por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad; actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas. Por eso se propone fortalecer una red de atención con distintos niveles de complejidad: hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
También plantea reforzar los sistemas de información, en particular el RESAM y el REFES, para conocer la capacidad instalada, la disponibilidad de camas y la cantidad de pacientes, y ampliar la participación técnica del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión incorporando áreas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR para mejorar la supervisión del sistema.
10 puntos claves de la nueva Ley de Salud Mental, según el Ministerio
El proyecto actualiza la Ley de 2010 para mejorar la respuesta sanitaria y proteger a pacientes y terceros, adaptando conceptos y criterios a las necesidades de cada jurisdicción; se consultó a familiares, pacientes, profesionales y referentes judiciales y legislativos para detectar problemas prácticos; la aplicación desigual de la normativa genera brechas en el acceso a la atención; se propone reemplazar “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades; se redefine el riesgo como situaciones de posible daño a la vida o integridad física considerando contexto y antecedentes; la internación seguirá siendo excepcional, con posibilidad de indicación urgente por psiquiatra, ratificación interdisciplinaria en 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo; las altas voluntarias podrán revisarse si la capacidad del paciente está afectada; se reconoce que el cierre total de hospitales psiquiátricos no siempre es viable y por ello se plantea una red integrada por hospitales especializados, servicios generales, dispositivos comunitarios y residencias asistidas; se buscará mejorar los sistemas de información (RESAM y REFES) para planificar recursos; y se ampliará la participación técnica del Ministerio en el órgano de revisión para fortalecer la supervisión y control.
En diciembre de 2025, Infobae informó que el Gobierno planeaba presentar modificaciones a la Ley de Salud Mental durante las sesiones ordinarias de 2026.
En ese momento el Ejecutivo indicó que el proyecto podría modificar artículos puntuales de la normativa vigente, especialmente los que regulan las internaciones involuntarias, para habilitar en determinados casos la intervención judicial en las hospitalizaciones.
La propuesta responde a pedidos de familias, profesionales y fuerzas de seguridad que han señalado dificultades con la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, cuyo enfoque de desmanicomialización encontró límites por la falta de dispositivos adecuados.
Quienes impulsan la actualización mencionan testimonios de familiares para argumentar la necesidad de revisar la ley, entre ellos el caso de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier.
Charpentier sostuvo ante el Congreso que la ley de 2010 no contó con la consulta de psiquiatras ni universidades y que no refleja la realidad de las familias que conviven con estas enfermedades; además criticó el presupuesto destinado a salud mental, considerado insuficiente.
