La Justicia ordenó la liberación de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, quien cumplía prisión domiciliaria en una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculada a la feria de Lomas de Zamora.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó “falta de mérito” para Castillo y el resto de los imputados, al entender que la investigación no acreditó, al menos en esta etapa inicial, la existencia de maniobras que permitan presumir el delito de lavado de activos.
La Cámara sostuvo que no hay pruebas de que los fondos provinieran de la comisión de delitos ni de la existencia de una asociación ilícita destinada a lavar dinero. Además consideró que las acusaciones de la fiscalía fueron “genéricas y vagas” y no alcanzan el grado de convicción requerido en esta fase procesal, y criticó que la fiscalía se limitó a describir operaciones comerciales y compraventas en términos generales.
La feria La Salada reabrió.
La feria La Salada, ubicada en Ingeniero Budge.
En consecuencia, los magistrados ordenaron la inmediata libertad de Castillo y la devolución de los bienes secuestrados. La causa continuará con la recolección de pruebas que permitan confirmar o descartar la existencia de un delito.
El fallo también benefició al resto de los imputados. Entre ellos figuran Natalia Paola Luengo y Manuel Jorge Castillo (su esposa y su hijo, respectivamente), además de Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera, Carlos Guillermo Carrión, Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, Marcelo Jorge Fernández Zurdo y David Alberto Heinze.
La causa contra El Rey de La Salada
Jorge Castillo, conocido públicamente como “El Rey de La Salada”.
Jorge Castillo, conocido públicamente como “El Rey de La Salada”.
A fines de mayo de 2025 fue detenido en el marco de una investigación que, según la fiscalía, involucra un entramado financiero con sociedades pantalla, testaferros y operaciones ilegales en la feria La Salada de Ingeniero Budge, en un supuesto esquema de evasión fiscal, lavado de activos y blanqueo de capitales.
La pesquisa motivó el cierre temporal del paseo de compras; luego reabrió con cambios y controles, entre ellos la prohibición de pagar en efectivo.
Un mes después de los allanamientos, Castillo fue procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas, y se le impuso un embargo por $750 millones.
